La discusión sobre la política fiscal en México se limita a quitar un impuesto a cambio de aumentar otro, o de no incrementar los ya existentes, pero creando uno nuevo.
Así surgió el Impuesto Especial de Tasa Única (IETU), para evitar un incremento del impuesto sobre la renta y no perder ingresos al abrogarse el impuesto al activo de las empresas.
Así surgen y se desvanecen los impuestos, no por un análisis de fondo sobre la vocación nacional (no está consensuado cómo combatiremos la pobreza, al tiempo que alentamos el crecimiento económico), sino en aras de la recaudación cortoplacista. Que los recursos se obtengan ya para ejercerlos en el acto aunque luego no quede nada.
Inmersos en tal esquema, es de esperarse que cuando un sector se considera a sí mismo afectado, su estrategia sea proponer al fisco y al Congreso la eliminación del impuesto que le afecta a costa de aumentar otro agregando que la recaudación incluso mejoraría.
Tal es el caso del sector empresarial, que en voz de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló hace unos días: "Eliminar el IETU sin perjudicar a las finanzas públicas es perfectamente factible", y propone como alternativa incrementar el IVA (entre el 2 y el 5 por ciento a los productos de tasa cero) y el impuesto predial.
Si se elimina el IETU, pero se aumenta el IVA, las "finanzas" no se perjudican, es cierto, pero sí los millones de mexicanos pobres, porque "gravar los artículos de tasa cero" es un eufemismo de "gravar la canasta básica". Y, por otra parte, el aumento del predial no asegura que el aumento sea en su progresividad.
La eficiencia, gran virtud en abstracto, no lo es necesariamente tratándose de finanzas públicas porque implica un sacrificio de justicia distributiva. Y las dos pesas de la balanza son la redistribución de la riqueza y la eficiencia: al procurar una se sacrifica a la otra. Es más eficiente cobrar impuestos a todos porque es inmediato, que hacer que contribuyan más los que más tienen, pues implica primero un balance de haberes.
La redistribución se logra, en parte, con el cobro de impuestos, pero mayormente con el sabio ejercicio del gasto público. Sin embargo, salta a la vista el descontrol en el gasto y la partidocracia que lo rige, así que al menos nos queda procurar que los impuestos no contribuyan a hacer más pobres a los pobres.
Desgraciadamente, el Gobierno mexicano (federal, estatal o municipal) está cada vez menos legitimado para cobrar impuestos: la evasión y la elusión fiscal privan de importantes ingresos al erario, mientras que la carga fuerte recae en los contribuyentes cautivos, que son aquellos que al cobrar su salario o pensión reciben el duro golpe del recorte hacendario.
Hay también millones de mexicanos en la informalidad, es cierto, pero parte de ellos lo está porque no encuentra empleo o su pobreza le impide sobrevivir de otra manera, y fiscalizarlos a todos causaría un gasto tan grande que difícilmente se recuperaría lo invertido. Aumentar la pobreza aumentará la informalidad.
¿Y por qué hay menos legitimidad? Por la incompetencia del Gobierno en regular su gasto y en castigar su mal uso. El debate fiscal es pobre cuando se propone sustituir un impuesto que afecta a algunos por otro que afecta a todos; debe partir de un análisis social: cuál es nuestra vocación social y de crecimiento económico o, al menos, qué grado de progresión y de regresividad son los deseables.
En un estudio que hace algunos años realizó el Banco Mundial se analizó el caso de México ("Public Policy for Poverty Reduction"), y ya desde entonces colocaba a este análisis como prioritario en la agenda fiscal del País. El problema es más político que económico.
Todos los sectores productivos del País perciben una fuerte carga fiscal y parte del dilema es que éstos puedan moverse con fluidez (y es lo que pide la Coparmex).
Pero la carga es excesiva para cualquier mexicano cuando el gasto se politiza a extremos circenses: mientras leamos en las noticias que al parecer cientos de millones de pesos salen de un lugar a otro sin justificación, acaso del ISSSTE al sindicato magisterial; o que se gasta en onerosos edificios sin terminar pagados al triple con dinero público, ¿con qué calidad moral se defiende la "eficiencia recaudatoria"? ¿Para el inmediato despilfarro?
Margarita Ríos-Farjat
La autora es abogada con maestría en Derecho Fiscal.
Así surgió el Impuesto Especial de Tasa Única (IETU), para evitar un incremento del impuesto sobre la renta y no perder ingresos al abrogarse el impuesto al activo de las empresas.
Así surgen y se desvanecen los impuestos, no por un análisis de fondo sobre la vocación nacional (no está consensuado cómo combatiremos la pobreza, al tiempo que alentamos el crecimiento económico), sino en aras de la recaudación cortoplacista. Que los recursos se obtengan ya para ejercerlos en el acto aunque luego no quede nada.
Inmersos en tal esquema, es de esperarse que cuando un sector se considera a sí mismo afectado, su estrategia sea proponer al fisco y al Congreso la eliminación del impuesto que le afecta a costa de aumentar otro agregando que la recaudación incluso mejoraría.
Tal es el caso del sector empresarial, que en voz de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló hace unos días: "Eliminar el IETU sin perjudicar a las finanzas públicas es perfectamente factible", y propone como alternativa incrementar el IVA (entre el 2 y el 5 por ciento a los productos de tasa cero) y el impuesto predial.
Si se elimina el IETU, pero se aumenta el IVA, las "finanzas" no se perjudican, es cierto, pero sí los millones de mexicanos pobres, porque "gravar los artículos de tasa cero" es un eufemismo de "gravar la canasta básica". Y, por otra parte, el aumento del predial no asegura que el aumento sea en su progresividad.
La eficiencia, gran virtud en abstracto, no lo es necesariamente tratándose de finanzas públicas porque implica un sacrificio de justicia distributiva. Y las dos pesas de la balanza son la redistribución de la riqueza y la eficiencia: al procurar una se sacrifica a la otra. Es más eficiente cobrar impuestos a todos porque es inmediato, que hacer que contribuyan más los que más tienen, pues implica primero un balance de haberes.
La redistribución se logra, en parte, con el cobro de impuestos, pero mayormente con el sabio ejercicio del gasto público. Sin embargo, salta a la vista el descontrol en el gasto y la partidocracia que lo rige, así que al menos nos queda procurar que los impuestos no contribuyan a hacer más pobres a los pobres.
Desgraciadamente, el Gobierno mexicano (federal, estatal o municipal) está cada vez menos legitimado para cobrar impuestos: la evasión y la elusión fiscal privan de importantes ingresos al erario, mientras que la carga fuerte recae en los contribuyentes cautivos, que son aquellos que al cobrar su salario o pensión reciben el duro golpe del recorte hacendario.
Hay también millones de mexicanos en la informalidad, es cierto, pero parte de ellos lo está porque no encuentra empleo o su pobreza le impide sobrevivir de otra manera, y fiscalizarlos a todos causaría un gasto tan grande que difícilmente se recuperaría lo invertido. Aumentar la pobreza aumentará la informalidad.
¿Y por qué hay menos legitimidad? Por la incompetencia del Gobierno en regular su gasto y en castigar su mal uso. El debate fiscal es pobre cuando se propone sustituir un impuesto que afecta a algunos por otro que afecta a todos; debe partir de un análisis social: cuál es nuestra vocación social y de crecimiento económico o, al menos, qué grado de progresión y de regresividad son los deseables.
En un estudio que hace algunos años realizó el Banco Mundial se analizó el caso de México ("Public Policy for Poverty Reduction"), y ya desde entonces colocaba a este análisis como prioritario en la agenda fiscal del País. El problema es más político que económico.
Todos los sectores productivos del País perciben una fuerte carga fiscal y parte del dilema es que éstos puedan moverse con fluidez (y es lo que pide la Coparmex).
Pero la carga es excesiva para cualquier mexicano cuando el gasto se politiza a extremos circenses: mientras leamos en las noticias que al parecer cientos de millones de pesos salen de un lugar a otro sin justificación, acaso del ISSSTE al sindicato magisterial; o que se gasta en onerosos edificios sin terminar pagados al triple con dinero público, ¿con qué calidad moral se defiende la "eficiencia recaudatoria"? ¿Para el inmediato despilfarro?
Margarita Ríos-Farjat
La autora es abogada con maestría en Derecho Fiscal.
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El problema de fondo no es si se aplica un IVA generalizado que podría afectar a los que menos tienen. El problema de fondo es que los subsidios, la distribución de los ingresos NO debe darse con subsidios generalizados del lado de los ingresos. Además, como indica Ríos-Farjat líneas arriba, una reforma fiscal integral debe empezar por el lado de los egresos, ¿cuáles son las necesidades básicas del Estado? ¿qué servicios debe proveer? ¿Cuánto dinero ocupa realmente? Y cuando eso se haya definido, entonces si, cómo se va a financiar ese gasto, con impuestos que incentiven el crecimiento económico. Y si hay que combatir a la pobreza, debe ser con apoyos bien diseñados, que no sean generalizados, y que no distorsionen los impuestos, que sean por el lado de los egresos.
Sin una reforma fiscal integral de fondo, este país seguirá con crecimientos mediocres en el mejor de los casos, y dependiendo de las exportaciones a Estados Unidos. Hay quienes dicen que no se requieren las reformas estructurales, pero realmente son grupos de interés que quisieran un mercantilismo que los beneficie como productores en perjuicio de los consumidores.
AMEPI AC
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