Inmovilizar a México

El Presidente Enrique Peña Nieto arrancó su sexenio con un impulso sorprendente para "Mover a México".

El pacto de los principales partidos, el arresto de la poderosa Elba Esther Gordillo, las reformas sobre puntos considerados intocables, la captura de "El Chapo" Guzmán y el nombramiento de un comisionado para recuperar la gobernación de Michoacán fueron espectaculares.

Año y medio después, ninguno de los grandes problemas del País (las bandas criminales, el estancamiento económico, el pesimismo sobre las autoridades) ha quedado resuelto. Pero hay avances, sobre todo en el tercero; y esperanzas en el primero.

En cambio, el estancamiento no tiene visos de mejoría, aunque la propaganda oficial insiste en hacer pronósticos optimistas.

El estancamiento no empezó este sexenio, sino cinco antes (1982-1988). El crecimiento económico del 6 por ciento anual, que parecía normal, se volvió remoto.

Ni el auge petrolero, ni la apertura comercial, ni las inversiones extranjeras, ni las sucesivas reformas han logrado recuperarlo. Y todo parece indicar que los desatinos del fisco prolongarán el estancamiento.

Envalentonado por las grandes medidas presidenciales, el fisco decidió agrandar las pequeñas fiscalizaciones hasta volverlas espectaculares.

Desplegó gente armada para revisar la documentación de los yates extranjeros anclados en México. Descubrió que a la quinta parte le faltaba un pago de 50 dólares por derechos de internación. ¡Y los decomisó! Fue la Guerra de los Pasteles al revés.

Hizo un papelazo internacional, espantó al turismo y gastó millones de pesos para obtener menos de 20 mil dólares. Ahora los turistas (y todos los mexicanos) saben que están expuestos a decomisos express, no sólo secuestros.

El tino para inmovilizar se manifestó de otras maneras. En el 2013, Hacienda retrasó el dinero para inversiones y gastos aprobados. Como resultado del subejercicio, la industria de la construcción perdió 200 mil empleos entre enero y agosto del 2013, según la CMIC.

Y no fue el único sector afectado. Además, la no inyección de fondos públicos se reforzó con la extracción de fondos a los consumidores, gravando el consumo de productos azucarados y aumentando el precio de la gasolina. La suma de extracción más no inyección tuvo un efecto predecible: frenar la economía.

Con ese mismo tino, el fisco aprovechó para introducir nueva formas de inmovilizar. Amplió el requisito de facturación electrónica, iniciado en el 2005 y obligatorio desde el 2011 para los grandes contribuyentes.

A partir del 31 de marzo del 2014, todos (grandes y chicos) quedaron obligados a facturar electrónicamente, sometiéndose previamente al fichaje (foto, huellas digitales y documentos) de la Firma Electrónica Avanzada.

¿Por qué esa fecha y no una posterior a la sobrecarga de trabajo contable de los primeros meses del año: el cierre del ejercicio, las declaraciones informativas, la declaración anual y el reparto de utilidades?

Con suprema inconsciencia, escogió el peor momento para los contribuyentes y rebasó su propia capacidad de atenderlos. No estaba preparado para el desastre que desencadenó.

Como si fuera poco, impuso nuevos requisitos electrónicos, y no con un calendario de introducción experimental por varios años, un segundo momento de obligatoriedad para los grandes y un tercero de ampliación a todos.

De sopetón, el pago de nóminas tuvo que ser digital, con extraordinarias complicaciones para hacer deducibles los pagos por prestaciones tales como primas vacacionales, aguinaldos, fondos de ahorro, vales de despensa, seguros de gastos médicos, seguros de vida o becas educacionales.

Además, restringió el porcentaje deducible con reglas complicadas de cálculo mensual y recálculo anual para ver si se deduce el 57 por ciento o el 43 por ciento.

Además, obligó a pagar los vales de despensa con monederos electrónicos de empresas autorizadas.

Además, los pagos al personal superiores a 2 mil pesos ya no pueden ser en efectivo: tienen que ser por transferencia electrónica, cheque nominativo o tarjeta de débito.

Naturalmente, los contribuyentes que no pudieron cumplir con todo oportunamente tuvieron que pagar más (impuestos por la no deducibilidad, actualizaciones, recargos).

Las cosas no terminan ahí. A partir de julio, todas las empresas tendrán que entregar al fisco electrónicamente su contabilidad (empezando por adoptar su catálogo de cuentas).

El colmo fue que la nueva versión del DeclaraSAT ¡tenía errores! Fueron corregidos, mas no reconocidos, por lo cual algunos contribuyentes ni se enteraron, creyendo que el fisco sabía lo que estaba haciendo.

No lo sabía. Y todavía hoy, si el Secretario de Hacienda y el jefe del SAT se sometieran en televisión a una prueba de expertos fiscalistas que les soltaran toritos sobre cómo cumplir correctamente en tales o cuales casos, exhibirían su ignorancia.

Gabriel Zaid

Reforma de fondo

Desde 1986 las instituciones que han sufrido más modificaciones en México han sido las relacionadas con los procesos electorales.

 

En 1996, el monopolio para acceder al poder quedó en manos de los partidos políticos, que sucumbieron a la necesidad de mantener el poder por el poder mismo. En este sentido, nuestra democracia es hoy más débil.

 

Uno de los temas permanentemente en discusión en nuestras elecciones es el financiamiento público a los partidos. Desde 1990, éstos han recibido dinero de quienes pagamos impuestos.

 

Desde el 2000, México es el país con las elecciones más costosas en América Latina.

 

Para darnos una idea, durante todo este 2014, el IFE (ahora INE) gastará 33 millones de pesos al día. De ahí salen los alrededor de 12 millones de pesos que a diario destinamos a los partidos políticos para su operación.

 

Con fiscalizaciones cada vez más cuestionadas, los recursos públicos destinados a partidos y campañas son muestra de opacidad, descontrol y deshonestidad políticas. Esto sin tomar en cuenta la industria de promoción, imagen y análisis de electorado.

 

Así, una buena parte de México se desvía de tareas productivas que generan valor y se distrae hacia otra improductiva como las elecciones.

 

En los próximos dos años se cambiarán 21 Gobernadores y más de mil municipios; se renovará todo el Congreso federal y más de 20 locales.

 

Habrá juego de sillas para intercambiar posiciones y una larga lista de promesas, compromisos y facturas que pagar y que cobrar, que hacen del sistema político y las elecciones una industria muy grande y oscura.

 

Por eso debemos cuestionar el sistema económico con el que hoy hacemos democracia, en el que no hay control de gastos de campaña y además induce a los presupuestos de los Estados y municipios a inflarse y desviarse durante las elecciones, buscando engañar al público con que los candidatos tienen un apoyo sin igual.

 

Padecemos un sistema económico electoral que privilegia el gasto en promoción sobre la inversión en inteligencia, ideas, propuestas realizables y honestas.

 

Por ello, la verdadera reforma del sistema político mexicano será la que prohíba los gastos de campaña en cualquier forma y tipo.

 

No puede haber ninguna transferencia económica a los partidos políticos. Su labor es trabajar con las cuotas que puedan obtener de los ciudadanos y con el tiempo voluntario que sean capaces de convencer. Así eliminaríamos el contubernio políticos-Gobierno.

 

Propongo que los únicos recursos públicos que gastemos sean para organizar en tiempo AAA varios debates en radio y TV abierta en todos los temas que incidan en las posiciones políticas que se elijan cada año.

 

Estos debates serán la única forma de comunicarse con el electorado.

 

Se trata de eliminar el mercado electoral: empresarios deshonestos y políticos corruptos que hacen de las elecciones su fiesta cada año. Unos entregando dinero por favores y otros ofreciendo favores por dinero.

 

No podrá cobrar sueldo ningún candidato ni colaborador en campaña, ya que sólo durarán un mes. No deberán haber oficinas de campaña, todas las juntas se realizarán en espacios públicos.

 

Para comunicarse usarán internet gratuito por WiFi, y quizá el INE les pueda prestar un celular a cada candidato para que graben sus conversaciones de campaña.

 

Los puestos públicos se ganarán por convencimiento a través de los debates, no por los lonches, acarreos y compra de votos. No se podrá pagar ningún anuncio, ningún desplegado, ningún spot, ninguna despensa, ningún boleto, ningún servicio a costa de la elección.

 

Creo que llegó el momento de voltear de cabeza al sistema electoral mexicano y decirle a quien aspira a servirnos que no puede ni podrá utilizar ningún recurso público para su promoción y campaña.

 

Ya basta de tanto juego político y danza de millones de pesos y confabulaciones en cada elección.

 

Vidal Garza Cantú

vidalgarza@yahoo.com