lunes, 30 de julio de 2012

¿Más Estado?

Los tiempos políticos que corren en México favorecen el regreso y la generalización de una serie de ideas que tiene un denominador común: el agrandamiento del Estado. Una de ellas consiste en atribuir todos los males económicos y sociales del país a la 'primacía del mercado' y al 'fracaso de las políticas neoliberales'. En consecuencia, se propone 'recuperar la capacidad del Estado como rector de la economía' y 'recuperar el sistema de planeación nacional'.

En este espacio reducido es imposible discutir la validez del planteamiento anterior. Sin embargo, 'los viejos de la aldea' -como yo- podemos recordar, con nitidez pesarosa -y con fundado escepticismo- que precisamente en la época en que el Estado mexicano se ocupó formalmente de regir y planear la economía (dadas las reformas constitucionales de 1983), ocurrieron algunas de las crisis más agudas de nuestra historia reciente.

En la rejuvenecida visión estatista, al gobierno se le asigna no sólo la función clásica de proveer los bienes y servicios públicos elementales como la seguridad y la justicia, sino también (con cierta resistencia) la de evitar la inflación y atenuar los ciclos. (En esto último, dicho sea de paso, sería suficiente con que los responsables se apegaran a una variante económica del juramento hipocrático: 'no hagas daño').

Empero, a juicio de los partidarios de 'un nuevo modelo de desarrollo económico y social', las tareas 'necesarias' no terminan con lo apuntado. Se quiere también (con entusiasmo) que el Estado se encargue de 'garantizar el acceso universal al aprendizaje, a la seguridad social, a medicamentos de calidad y bajo costo, al conjunto de bienes y servicios considerados como indispensables para el bienestar, como agua, drenaje, refrigerador, lavadora, computadora e Internet'. (Lo entrecomillado corresponde a una asombrosa cita literal).

Desde luego, el 'acceso universal' a todos los beneficios mencionados implicaría un costo fiscal muy significativo. Garantizar un ingreso mínimo, establecer un seguro de desempleo, generalizar las pensiones, etc., requeriría de un aumento de los ingresos gubernamentales equivalentes a varios puntos porcentuales del PIB (¿cinco, ocho?).

Quienes sugieren hacer efectivos los 'derechos sociales' existentes, y ampliarlos en el sentido referido, reconocen que para ello resultaría indispensable una reforma fiscal integral -uno de cuyos componentes sería, sin remedio, el incremento de los impuestos. A mi juicio, esta es una conclusión apresurada, por varias razones.

Primero, porque hasta ahora el Estado ha sido incapaz de desahogar con eficacia las obligaciones que ya tiene, empezando por la básica de proteger la integridad física y patrimonial de los ciudadanos. En cuanto a la educación.... Si el gobierno no puede cumplir sus tareas primarias, parece imprudente asignarle más.

Segundo, porque el gasto público (que alcanza una cuarta parte del PIB) no se caracteriza precisamente por la congruencia de su composición o por la pulcritud de su ejercicio. Antes de aumentar la carga tributaria (sea ampliando la base o elevando las tasas) el gobierno necesita optimizar el uso de los recursos que ya dispone.

Tercero, porque en México los múltiples sistemas de seguridad social (en su sentido amplio) presentan una situación financiera crítica. Esto no es peculiar de nuestro país. En muchas economías avanzadas la colección de 'derechos sociales' que conforman el llamado 'Estado Bienestar' (Welfare State), se ha traducido en pasivos contingentes masivos, no financiados. A la luz de tales experiencias, en nuestro caso parece sensato examinar con mucho cuidado la asunción de nuevas cargas.

Cuarto, en muchos países las transferencias están diseñadas de tal manera que, efectivamente, después de ellas, la distribución del ingreso entre las familias es mejor que la original. Sin embargo, en México los apoyos en cuestión benefician en particular a la clase media. Recuerdo, por ejemplo, la conclusión de un estudio del Banco Mundial, según el cual la incidencia del gasto social es ligeramente regresiva o, en el mejor de los casos, neutral. Así pues, la prioridad debería ser una 'reingeniería' de los esquemas actuales, no la creación de nuevos mecanismos.

Nadie sabe cuál es tamaño óptimo del Estado en lo económico. Hay quienes lo ven como un agente que puede corregir las insuficiencias y los excesos de los mercados. Otros, piensan que los políticos, los burócratas y los grupos de interés quieren el poder para su propio beneficio. Ciertamente, la politización de las decisiones, el efecto depresivo de los impuestos y la rigidez de las instituciones pueden constituirse en obstáculos para el desarrollo.

Un Estado más fuerte no es lo mismo que un Estado más grande.
 
Everardo Elizondo
 
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Lo que México necesita no es un Estado más grande, sino más fuerte. De hecho el tamaño del Estado debería reducirse al mínimo al mismo tiempo que se aumenta su eficiencia y productividad (más con menos recursos), acabando con el dispendio y excesiva carga burocrática. Y sin duda el Estado Mexicano debe ser mucho más fuerte pero eso se logra con un pleno Estado de Derecho, donde se disminuya la impunidad y exista certeza jurídica para todas las personas por igual.
 
La Soberanía de un país, de un Estado, no aumenta con un Estado más obeso, con más propiedad de los medios de producción. La Soberanía aumenta con el control y certeza de las reglas del juego: Las Leyes.

domingo, 29 de julio de 2012

El consenso perdido

Y así estamos, casi un mes después de las elecciones. Entre tres cubetas de plástico, cuatro delantales, dos baberos y cinco comales, que presentaron el PRD y sus aliados como pruebas "duras" de la compra de votos para invalidar la elección (mientras la izquierda moderada, que tantas esperanzas despertó, ha optado por apoyar tácitamente a su líder mesiánico). Con el PAN a la deriva en el peor escenario político posible, y un PRI defensivo, al que López Obrador le ha robado la agenda postelectoral.

Para desgracia de todos, los problemas del País siguen ahí. Y las reformas que podrían empezar a resolverlos permanecen archivadas en medio de la parálisis política anunciada, que prometía cerrarse el 1 de julio, pero ahora amenaza extenderse hasta diciembre.

Es en situaciones de ingobernabilidad temporal y de polarización política como la que vive México cuando la voz unida de la ciudadanía -lo que se ha llamado sociedad civil- debería romper la parálisis e imponer la agenda política. Sin embargo, es precisamente en coyunturas como ésta cuando la polarización se convierte en un obstáculo insalvable para el diálogo y el acuerdo entre los distintos sectores de la población.

En todos lados se cuecen habas. Eso ha sucedido también en Estados Unidos desde la llegada del Presidente Obama al poder y la radicalización republicana a la derecha. Los dilemas que enfrenta el sistema democrático en ese país son iguales o más graves que los nuestros: la toma de decisiones ha transitado de manos del pueblo a las de los multimillonarios que financian las campañas.

En un interesante artículo que publicó hace unas semanas el New York Times (Drew Westen, "How to Get Our Citizens Actually United"), el autor apuntaba que la cuestión central que debe responder un aspirante a una candidatura para obtenerla es cuánto dinero puede conseguir. Lo que los grupos que pretenden una devolución del poder, de empresas, bancos y millonarios que dominan hoy por hoy las campañas en Estados Unidos a los ciudadanos, se preguntan es cómo hacerlo. La respuesta -dejar que los votantes decidan cuánto financiamiento recibe cada candidato y de quién- es fácil de formular, pero muy difícil de llevar a la práctica.

No sólo se trata de vencer a los poderosos intereses que inciden en el funcionamiento de la democracia, sino de multiplicar el número de ciudadanos que adopten las iniciativas de los grupos de interés que desean un cambio en las reglas de financiamiento de las campañas. Consolidar las demandas de una buena parte de la ciudadanía y obligar a los políticos a cumplirlas. Por ejemplo, a través de la firma de pactos que intercambien votos por la promesa de que el candidato en cuestión apoyará en el Legislativo una iniciativa de ley para promover elecciones justas.

Enumerar las ventajas que tienen esos grupos estadounidenses sobre quienes desearíamos ver nacer una sociedad civil en México que apoyara una agenda de reformas políticas y económicas ocuparía varias planas en Grupo REFORMA. Aún en crisis, la economía estadounidense es la más poderosa del mundo; con todos sus problemas, Estados Unidos goza de una democracia bastante ejemplar y reina en el país el Estado de Derecho. Y en esta campaña no participa un candidato como López Obrador, dispuesto a romper cualquier pacto, a vulnerar a la institución que se le ponga enfrente y a imponer sus propias demandas sobre las de todos los electores, incluyendo las de quienes votaron por él.

Para encontrar un lenguaje común, poner los cimientos de una sociedad civil y de una cultura política que busque el consenso y no la confrontación, habría que encontrar precisamente las demandas del electorado perredista que las denuncias de AMLO han deformado, y las coincidencias entre ellas y las de la inmensa mayoría que no votó por él.

Una tarea por demás difícil, porque los descontentos corean consignas contradictorias. Quieren una democracia "equitativa", pero desconocen los resultados de las elecciones y los fallos de las instituciones del País; los 132 demandan una reforma educativa, pero marchan de la mano del CNTE; han sitiado Televisa para protestar por la concentración del poder mediático y la existencia de oligopolios y monopolios, pero apoyan al SME; buscan reducir los índices de pobreza, que depende en gran parte de un crecimiento económico más alto, pero están en contra de las reformas que promuevan el desarrollo y la modernización económica; se movilizan a través de las redes sociales, pero en lugar de usarlas como un puente para emprender un diálogo tolerante con quienes no piensan como ellos, recurren a la violencia verbal, al insulto y a la descalificación. Así es imposible encontrar un lenguaje común y romper desde la base de la sociedad la parálisis política que vive el País.
 
Isabel Turrent

lunes, 9 de julio de 2012

Trabajo y mercado interno: la clave es la productividad

Me ha tocado escuchar recientemente, en diversos foros, una letanía de opiniones sombrías (seguramente politizadas) sobre la situación económica de México. A mi juicio, exageran.

Por ejemplo, haciéndose eco de lo que pasa en el exterior, hay quien no encuentra buenas noticias en el sector bancario mexicano. Sin embargo, las cifras más recientes son bastante favorables. En abril de 2012, específicamente, el crédito bancario total al sector privado mostró un crecimiento anual de 14 por ciento, en números redondos; el canalizado al consumo aumentó más de 23 por ciento; el destinado a las empresas casi 12 por ciento; el dirigido a la vivienda un poco más de 10 por ciento. Esos datos son relativamente altos aun si se expresan en términos reales. De hecho, para alguien como yo, quizá inclinado en exceso a la prudencia, la expansión del crédito al consumo puede parecer un tanto inquietante. Como fracción del PIB, el crédito bancario al sector privado llegó a un mínimo de alrededor de 6.5 por ciento allá por el 2000; el año pasado superó el 14 por ciento, y lo más probable es que siga aumentando. Falta trecho por recorrer, pero se está avanzando.

Se deplora también un alegado deterioro del mercado de trabajo. De nueva cuenta, los datos no avalan tal pesimismo. De hecho, en mayo de este año el total de trabajadores asegurados en el IMSS superó los 15.6 millones de personas, lo que significó un crecimiento anual de 4.5 por ciento. Como puede observarse en la gráfica, la situación laboral mejoró rápidamente, una vez que se absorbió el fortísimo impacto negativo inicial de la crisis financiera externa. La conexión entre la evolución del empleo formal (línea azul, escala de la izquierda) y el curso de la actividad económica (línea roja, escala de la derecha) no es casual. Por cierto, según el INEGI, en dicho mes de mayo, la tasa de desocupación fue 4.8 por ciento, en comparación con el 5.2 por ciento registrado un año antes.

Citando las cifras anteriores no pretendo desconocer que el estado del mercado dista mucho todavía de ser satisfactorio. Los propios indicadores del INEGI muestran con crudeza lo inadecuado de la situación. Por ejemplo, el segmento que el INEGI llama 'población subocupada' ('aquella que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas') representó 8.9 por ciento de la población ocupada y aumentó con respecto al año pasado. Y así por el estilo, según otros índices.

El acentuado desplome de la ocupación, notable hacia el verano del 2009, fue resultado de la contracción de la producción, asociado a su vez con la caída abrupta de las exportaciones manufactureras a los Estados Unidos. Pero algunos analistas y muchos políticos lo atribuyen a la 'debilidad del mercado interno'. Al parecer, piensan que ampliando el gasto en la economía (gasto público, supongo) en forma artificial, se robustecería la demanda de trabajadores. Desde luego, tal cosa ocurriría en forma temporal, pero no puede ser una solución duradera.

Fortalecer de veras el mercado interno depende del aumento de la productividad. (Lo demás es puro cuento). Para ello, no hay otro camino que incrementar la dotación de capital (físico y humano) por trabajador. Esto, a su vez, requiere de una serie de cambios institucionales profundos, empezando quizá por una revolución educativa.

Al respecto, vale recordar que el extraordinario crecimiento de China a lo largo de las últimas décadas se ha fincado en el movimiento de la mano de obra del sector agrícola -una actividad de muy baja productividad- hacia el sector manufacturero -una actividad de mucha más alta productividad. Ello no podría haber ocurrido sin la inserción de China en la economía global. De todo el proceso se ha derivado, a fin de cuentas, la ampliación espectacular de la capacidad de compra del 'mercado interno' chino.

En Francia, el socialista M. Hollande ha reconocido (una vez en el poder, obviamente) la necesidad de austeridad en el enorme gasto público (¡55 por ciento del PIB!) para controlar la amenazante expansión de la deuda. Sin embargo, está insistiendo también en aumentar los impuestos sobre los ingresos altos de las personas y de las empresas, y en preservar las 'conquistas' laborales. Me corro el albur de 'pronosticar' que no tendrá mucho éxito en corregir los males que aquejan a la economía, mismos que se resumen en su rezagada productividad (vis-a-vis Alemania).
 
Everardo Elizondo

jueves, 5 de julio de 2012

Talón de Aquiles de la democracia

Las complicaciones económicas y políticas en Europa desde hace algunos años, junto con las múltiples promesas que escuchamos en nuestro reciente proceso electoral, son un buen motivo para reflexionar sobre los retos que presenta la democracia a una economía.

Por principio de cuentas, como lo dijo Winston Churchill en su discurso ante la Cámara de los Comunes en 1947, 'La democracia es la peor forma de gobierno, salvo todas las otras formas que se han probado a lo largo del tiempo'.

Una opinión parecida tuvo el político indio Jawaharlal Nehru, quien fue citado en 1961 por el diario The New York Times expresando que 'La democracia es buena. Digo esto porque los otros sistemas son peores'.

Lo anterior quiere resaltar que la democracia no es un sistema perfecto, pero ha funcionado hasta ahora como la opción menos imperfecta. De hecho, muchos países consideran un avance cuando dejan atrás otros regímenes, especialmente dictaduras, para adoptar gobiernos democráticos.

En México, el funcionamiento de la democracia ha sido más claro a partir del año 2000, con la alternancia de los partidos políticos en la Presidencia de la República, en las gubernaturas estatales y en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

Pero, como lo señalaba al principio con las citas de Churchill y Nehru, la democracia no es un sistema perfecto. Entre otras, tiene una severa debilidad intrínseca que puede, en un momento determinado, conducir a la irresponsabilidad de los gobernantes y a crisis económicas futuras.

El Talón de Aquiles de la democracia tiene que ver con la necesidad de ganar el voto mayoritario, lo que lleva a los políticos que aspiran a un puesto público a prometer grandes y crecientes beneficios a la población.

De esta manera, las contiendas electorales se están convirtiendo, como lo demuestran las dificultades económicas de los países europeos, así como lo atestiguamos en México, en una competencia sobre quién ofrece más beneficios a los electores.

En nuestro caso esto se pudo apreciar en las múltiples y generosas promesas de quienes fueron los candidatos a la Presidencia, siendo las más irresponsables las del re-electo 'presidente legítimo'.

En todos lados, sin embargo, los ganadores de las elecciones tratan de cumplir concediendo algunos de los beneficios prometidos en campaña, pero eso lleva a que los nuevos candidatos a puestos de elección popular tengan que hacer ofrecimientos adicionales en la siguiente contienda electoral.

Los que los hacen, sin embargo, saben que no cuentan con los recursos para cumplirlos, pero confían que la bomba de tiempo financiera estalle cuando alguien más esté en el gobierno, por lo que continúan prometiendo todo tipo de beneficios para ganar un puesto público.

La democracia se ha convertido, así, en la nodriza del Estado benefactor, que tarde o temprano se topa con la amarga realidad de su limitada capacidad para atender satisfactoriamente las crecientes y cada vez más onerosas demandas de la población.

La limitación de recursos que tienen todas las economías, incluyendo las más avanzadas, hace que llegue un momento en que no es posible continuar en esa carrera de concesiones.

Este es el caso actual en Europa, donde particularmente los gobiernos de Grecia, Portugal y España, han tenido que frenar su gasto desordenado y aplicar un programa de ajuste económico.

Frente a ello, la población ha reaccionado negativamente y procura no sólo el mantenimiento de las concesiones ya hechas, sino que demanda nuevas. No entiende todavía que no puede seguir viviendo de prestado, así como que ahora tiene que renunciar a varias de sus 'conquistas' sociales.

Dado que las leyes económicas son, a final de cuentas, inviolables, la democracia sólo puede funcionar razonablemente bien si deja de ser el sistema generoso en que se ha convertido actualmente.

Por ello, la política española Esperanza Aguirre declaró recientemente que 'Si algo nos ha enseñado esta crisis es que lo que hemos llamado Estado de Bienestar no puede seguir creciendo indefinidamente...'.

México es todavía un país relativamente joven, pero también tiene una factura gravosa que pagar en el futuro, entre otras, por las concesiones populistas a los sindicatos de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y de las empresas públicas.

Es urgente, por tanto, que corrijamos desde ya esos errores, así como que evitemos elegir políticos cuyas promesas irresponsables llevarían al caos económico, porque de no hacerlo, acabaremos corriendo la misma suerte que los europeos.

Salvador Kalifa
salvadorkalifa@prodigy.net.mx
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Hay que ir creando conciencia ciudadana de que el Estado no puede ser el gran benefactor. Tenemos que entender que "no hay lonche gratis", todo cuesta. Por eso hay que poner en evidencia a todo aquél populista, demagogo, que quiera llegar al poder prometiendo subsidios y beneficios que no podrá cumplir y si los cumple, pondría en peligro la estabilidad económica.

domingo, 1 de julio de 2012

Saldos de la campaña

A fin de cuentas, en cualquier democracia, las elecciones giran alrededor de dos asuntos básicos: la salud económica y la defensa de las libertades democráticas. Sin ellas, es imposible que un Estado pueda cumplir sus funciones fundamentales: garantizar la seguridad de sus gobernados; redistribuir el ingreso para limar la desigualdad; abrir oportunidades a todos, y garantizar el acceso a la educación y la salud.

La racionalidad debería privar en el análisis económico y político de cualquier elector antes de depositar su voto. Desafortunadamente, un altísimo número de votantes decide su voto en función de criterios que nada tienen que ver con la realidad. La irracionalidad de los votantes es especialmente notable en el terreno de la economía: ni los números pueden desmontar sus "creencias". En ningún territorio son más evidentes los prejuicios que determinan el voto de muchos.

En Estados Unidos, los electores encuestados desde hace años aseguran -en contra de todos los datos de las agencias gubernamentales- que el Gobierno gasta cantidades exorbitantes en ayuda externa y en programas sociales a costa de los gastos en defensa (ver Bryan Caplan, "The Myth of the Rational Voter").

Nosotros no estamos mejor. En decenas de comentarios a un artículo reciente sobre economía que subí a mi blog en Letras Libres, los presuntos votantes que entraron al sitio aseguran que el Estado benefactor en México es muy reducido, que México ha crecido menos que Haití y que el País no necesita ninguna reforma energética, laboral o fiscal. Nadie me recomienda entrar a las páginas de Hacienda o de Banxico o la lectura de libros y/o artículos para desmentir lo que las cifras dicen: que la economía mexicana está muy lejos de padecer una "crisis profunda". Su referencia invariable es YouTube. El problema es que en YouTube cada quien encuentra lo que quiere: desde manifiestos racistas, hasta descabelladas propuestas utópicas para acabar con la globalización. La objetividad brilla por su ausencia.

En esta campaña, el anonimato de las redes sociales ha vulnerado también las libertades democráticas. El acoso en Twitter convirtió a la opción priista en el voto que no se atreve a decir su nombre. Muchos proclamaron en las redes sociales sus simpatías por AMLO y no pasó nada.

Por el contrario, los que se atrevieron a criticar a López Obrador -como Javier Sicilia- o a apoyar a Peña recibieron una catarata de descalificaciones e insultos que nada tiene que ver con la libertad de expresión en democracia. Nadie menciona en las redes el peligroso proyecto político de AMLO: la "refundación del Estado" con base en la voluntad del pueblo, de la cual él es el único intérprete y representante. Pero la descalificación es inmediata para el que ose poner en duda su vocación democrática o critique a alguno de sus portavoces, como el movimiento 132.

Los 132 tiraron finalmente su disfraz apartidista, pero su participación política dejó de manifiesto la ideologización de la educación en México, hasta en universidades privadas como la UIA. Tema que incide directamente en el avance democrático y el voto razonado. Caplan demuestra que en Estados Unidos, la tolerancia a la crítica, la capacidad de debatir con argumentos -no con prejuicios- y el voto razonado aumentan entre quienes gozan de un mayor nivel de educación. Los 132 han mostrado que aquí, las universidades no contribuyen a fortalecer esos valores democráticos: la ideologización de la enseñanza ha transitado de las universidades públicas a las privadas.

Un bloguero de los 132 respondió a mis reservas a su movimiento afirmando: (las cursivas son mías) "lo más triste es que solo te metistes a la pagina yosoy132 para pegar tu link de tu comentario y tengas un reating de participación. Lamentable!". Más lamentable que la redacción del comentario es la alergia al debate y a las ideas que padecen estos estudiantes.

Los padres que desembolsan miles de pesos al mes en colegiaturas deberían preocuparse no solamente de dónde andan sus hijos, sino de lo que leen. Al materialismo dialéctico I, II y III que importaron de las universidades públicas sus mal pagados maestros a la Ibero, tenemos que sumar los escritos solipsistas del posmodernismo.

Si quieren una respuesta a los porqués de la violencia que vivimos, se quedarán muy tranquilos con lo que dice Gilles Lipovetsky ("La Era del Vacío", p. 204), uno de los autores que se han vuelto la Biblia de estudiantes de la UIA que participan en el 132. Cito textual: "La inseguridad actual no es una ideología, es el correlato ineluctable de un individuo desestabilizado y desarmado que amplifica todos los riesgos, obsesionado por sus problemas personales, exasperado por un sistema represivo considerado inactivo...: la inseguridad ciudadana resume de una forma angustiada la desubstancialización posmoderna". Cristalino como el lodo, dirían los ingleses.

A la complicada agenda que le espera a quien resulte electo hoy, habrá que agregar una reforma educativa.

Isabel Turrent

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Triste pero cierto, mucha gente con preparación, con estudios universitarios y hasta de posgrado, que no aportaban ningún argumento basado en datos, cifras, hechos. Los rumores y las "creencias" eran lo que más pesaba. Y cuando se les pedía iniciar un debate, con argumentos, razonamientos, silogismos, o datos, recurrían al insulto, al argumento "ad hominem" (atacar a la persona y no la idea). Descalificar a la persona por ser "necio" ante la insistencia en un dato o razonamiento, era más fácil que entrar a un debate de ideas. Y claro, a mi también me pasó que los videos de you tube eran "el argumento" por excelencia para mostrar algo. Ni hablar, con estos bueyes hay que arar y construir un país.

Pasado o futuro

Para Bismarck, el gran Canciller alemán, "nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería". La tarea del ciudadano en un día de elecciones como hoy es dilucidar entre propuestas, imágenes y mentiras. Todo se vale en una contienda, y la que hoy concluye no fue excepción. Ahora viene la responsabilidad ciudadana.

Los candidatos hicieron su tarea y hoy le toca al ciudadano optar. Como hace seis años, en los últimos días se ha intentado generar un ambiente de descalificación de los procesos electorales. A diferencia de entonces, hoy las encuestas arrojan números muy distintos que le confieren una mayor confiabilidad al ejercicio democrático. Los dos principales candidatos no ponen en juego la estabilidad económica como sí lo estuvo entonces. El avance en este frente es sólido y la amenaza de regresión económica ha amainado tanto que no fue tema relevante en la contienda.

Hoy la tesitura es distinta. Es entre el pasado y el futuro: reconstruir lo que funcionaba o construir una plataforma distinta hacia el futuro. La realidad es que pese a los avances democráticos que se han dado, estamos lejos de vivir en una democracia consolidada. Los políticos no cumplieron con su responsabilidad de construir instituciones que, al dar solidez y predictibilidad a los procesos de toma de decisiones, eliminaran el riesgo de inestabilidad que acompaña a las transiciones de Gobierno. Con nuestro voto los ciudadanos debemos forzar a los políticos a construir las instituciones clave para el desarrollo, la estabilidad y el crecimiento acelerado.

De los tres principales contendientes que hoy se presentan ante el electorado, uno no ha dejado de amenazar con el desconocimiento de los resultados y el contingente de otro sueña con restaurar el viejo régimen. Ambas situaciones son emblemáticas de la inmadurez que caracteriza a nuestra democracia. En las democracias consolidadas lo que se disputa es un pequeño cambio de enfoque que no pone en entredicho la vida cotidiana de la población o la estabilidad del país. Las discusiones en las últimas semanas revelan que estamos lejos de haber arribado al punto en el que eso sea cierto. El hecho de que la estabilidad (o el riesgo del retorno del PRI) sea tema de discusión es revelador en sí mismo.

La ciudadanía tiene que optar por la mejor opción, o combinación de opciones, que le confiera certidumbre respecto al futuro. El caso de la economía ilustra: aunque ésta ha ido mejorando sistemáticamente (2011 fue el año de mayor creación de empleos de nuestra historia), persisten disputas sobre la dirección que debe seguir. En los planteamientos que se escucharon en la contienda un candidato idealizaba el pasado, otro planteaba un retorno a lo que funcionaba y otro más ofrecía un replanteamiento hacia el futuro. A pesar de que México vive una de las mejores circunstancias del mundo en materia económica, la efervescencia es enorme.

Detrás de muchos de los planteamientos se encuentra la idea de que es posible y deseable reconstruir momentos emblemáticos del pasado (sobre todo los 60 o los 70). Una mejor alternativa sería hacer nuestra la ola de cambio que ha caracterizado al mundo en este medio siglo: asirla y romper con los obstáculos que ha generado esta economía polarizada y contrastante donde una parte crece con celeridad en tanto que otra languidece sin rumbo ni oportunidad. Las diferencias aparentes pueden parecer pequeñas, pero se trata de una diferencia radical de enfoque y visión. La pregunta es cómo asegurar el avance hacia consolidar una plataforma de crecimiento con igualdad de oportunidad para todos. El voto es un instrumento limitado, pero excepcional, para ello.

La disyuntiva en la elección de hoy reside en el para qué del Gobierno y qué implica eso para el futuro del País. Es fundamental romper con los impedimentos al crecimiento, muchos de ellos originados en ese mundo idílico de hace décadas que, como dijo Cervantes, nunca fue tal. Por eso es clave quién gane, pero también quién quede en segundo lugar: porque determina la orientación hacia adelante o hacia atrás.

México tiene que ver hacia adelante, dejando el pasado en la historia. La clave del futuro no reside en restaurar, sino en liberar y darle instrumentos al ciudadano para que pueda competir en un mundo globalizado donde la capacidad de agregar valor está determinada por la calidad de la educación (y su naturaleza), la funcionalidad de la infraestructura física y humana y las vinculaciones con el resto del mundo. El ciudadano tiene hoy la oportunidad y la responsabilidad de construir con sus votos los equilibrios que mejor contribuyan a lograrlo: votar diferente para Presidente y para el Legislativo.

En décadas pasadas México abandonó el modelo económico introspectivo porque éste había agotado su viabilidad. Hoy comenzamos a ver los resultados de décadas de transformación y, por vez primera en mucho tiempo, el futuro se ve promisorio. Es momento de dar el gran salto hacia el futuro.

Requerimos un Gobierno competente que construya condiciones políticas y estructurales para que la economía pueda prosperar a un ritmo muy superior al que hemos experimentado recientemente. También, un Gobierno acotado que evite e impida excesos o retrocesos, pues la inmadurez de nuestra democracia hace factible que eso ocurra. Tenemos que dar el giro final: construir la plataforma de un país moderno, en un entorno de libertad en el que la creatividad de la ciudadanía pueda florecer en la forma de actividad empresarial a la que todos tengan acceso.

La opción en esta elección es clara: regresar a lo que ya fue y no funcionó, o dar el gran salto, con conducción gubernamental, hacia el cambio que no acabó de cuajar en la última década, pero que es necesario y, en buena medida, inexorable. Cada votante tendrá que determinar cuál es la mejor combinación que fuerce a los políticos a actuar.

Hace días expresé mi preferencia de candidato. La tarea del votante hoy es decidirse e ir a votar por quién pueda avanzar -y no tenga alternativa de hacerlo- para crear condiciones que hagan posible un futuro diferente. La responsabilidad del resultado será toda suya.

Luis Rubio
www.cidac.org