"Quiero llegar a hacer lo que hizo Benito Juárez". Andrés Manuel López Obrador (3 abril 2012)
VILLAHERMOSA, Tabasco.- Este 10 de marzo Andrés Manuel López Obrador dijo en Jiutepec, Morelos: "Al triunfo de nuestro movimiento vamos a dejar la Constitución como estaba, como la escribieron los constituyentes en 1917; se va a volver al artículo tercero como estaba, al artículo 27, al artículo 123".
La afirmación no puede menospreciarse porque es muy posible que López Obrador tarde o temprano llegue al poder; pero sorprende porque, aunque el líder de Morena se ha presentado como juarista, no pide volver a la Constitución de Benito Juárez y los liberales.
La Constitución de 1857 era un texto de gran sencillez y brevedad. Establecía derechos fundamentales sin dar poderes excesivos al gobierno y a los políticos. El artículo tercero, por ejemplo, señalaba que "La enseñanza es libre" y añadía: "La ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio, y con qué requisitos se deben expedir". Nada más.
El artículo tercero de la Constitución de 1917 era un poco más restrictivo, pero no tanto. Señalaba que la educación, además de libre, debía ser laica y prohibía a la Iglesia o a los sacerdotes establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Añadía que la educación primaria sería gratuita y estaría bajo la supervisión del gobierno. El actual artículo tercero, en cambio, es un largo y complicado laberinto que parte de afirmar que la educación es un derecho para después emitir reglas complicadas que lo limitan. Coincido con López Obrador que sería mejor el artículo del 17 que el actual, pero el de 1857 es sin duda mejor porque no establece restricciones indebidas a un campo de actividad que por naturaleza debe cambiar constantemente.
El artículo 27 de la Constitución juarista tiene sólo dos párrafos. Reconoce el derecho a la propiedad privada al declarar: "La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización". El segundo párrafo prohíbe que las corporaciones cívicas, eclesiásticas o de cualquier tipo adquieran propiedades o las administren, excepto las directamente relacionadas con su función. Esta disposición, en el espíritu de la Ley de Desamortización, buscaba impedir que la Iglesia tuviera propiedades o las comunidades indígenas controlaran tierras de manera colectiva.
El artículo 27 de la Constitución del 17, en contraste, estableció que en México "la propiedad de las tierras y aguas... corresponde originariamente a la Nación". La propiedad privada sólo existe si el gobierno la transmite a los particulares. Este artículo regresa también al sistema colonial de propiedad colectiva indígena que defendieron los conservadores del siglo XIX. Al pronunciarse por este artículo, y no por el liberal de 1857, López Obrador deja en claro que no es juarista.
La Constitución del 57 no tiene un artículo que rija la vida laboral, que los liberales piensan debe definirse en acuerdos privados entre trabajadores y patrones. El artículo 123 de la Constitución del 17, en cambio, estableció una larga serie de reglas para los contratos de trabajo. La excesiva regulación ha hecho que nuestros trabajadores tengan ingresos míseros y deban migrar a otros países para buscar empleo. El actual artículo 123 es todavía más complejo; convierte el trabajo en un derecho, pero crea un largo número de limitaciones a la contratación de trabajadores.
López Obrador tiene derecho a defender la Constitución del 17, pero no puede al mismo tiempo llamarse juarista. No se vale aprovechar la figura de Juárez cuando se rechazan las ideas liberales que éste defendió.
Sergio Sarmiento
