domingo, 29 de diciembre de 2013

Antigüedad portátil

La antigüedad en el empleo tiene un peso excesivo al decidir cuando un empleado piensa en cambiar de empresa o un patrón piensa en despedir a una persona. Las leyes mexicanas hacen el despido difícil y costoso, como si el vínculo ideal fuese una especie de matrimonio indisoluble. El costo base de la indemnización es de tres meses de sueldo más veinte días por año de antigüedad. Más una prima de antigüedad con modalidades complejas. Más otras cantidades que pueden derivar del contrato colectivo o individual.

Se comprende que haya personas descontentas en su trabajo que no lo dejan "por no perder su antigüedad". Al descontento suman la esperanza, no de encontrar algo mejor, ¡sino de ser despedidas! Sucede incluso que, ante una buena oferta de otra empresa, el ejecutivo titubea. No es tan difícil calcular en cuántos meses de ganar más se amortiza la antigüedad perdida. No es tan difícil suponer que trabajar contento mejora el desempeño y amplía las oportunidades, incluso ganando menos. Pero la incertidumbre de lo "bueno por conocer" se suma a la inercia de aceptar lo "malo por conocido".

A veces, hay codependencias sádico-masoquistas. Ni se va, ni lo corren. El jefe también está descontento y regaña y se queja del que "no produce nada", pero cree que el despido cuesta una barbaridad. No es tan difícil calcular que si cuesta 10 meses de sueldo, la inversión se paga en 10 meses. Incluso en menos, porque el verdadero costo está en los daños (y oportunidades perdidas) que causa un "bueno para nada".

Un joven muy independiente, cuando obtuvo su primer empleo, decidió ahorrar lo necesario para indemnizarse a sí mismo cuando se le pegara la gana. No es una cantidad tan grande ni tan pequeña, pero le dio una seguridad que mejoró su desempeño. Se quedó muchos años y acabó comprando la empresa.

Que todo puesto tenga la persona ideal y toda persona el puesto ideal mejora la productividad y la felicidad. La buena administración sabe la importancia de esa meta, pero las urgencias se imponen, tanto en el reclutamiento de candidatos por parte de la empresa como en la búsqueda de empleo por parte de los candidatos. Cosas tan elementales como vivir cerca del lugar de trabajo son pasadas por alto. Por otra parte, los reacomodos son difíciles para los puestos muy especializados, porque las oportunidades para ambas partes se cuentan con los dedos de la mano.

En un librito notable ("How to avoid work"), el consejero vocacional William Reilly argüía contra la impaciencia. Si piensas en décadas, no es tan difícil llegar a lo que parece imposible. Alguna vez aconsejó a un policía descontento. Después de examinar sus aficiones, deseos y capacidades, le hizo ver que la mejor combinación con su empleo actual no era la frustración, sino la meta de ser un abogado penalista poco común: con experiencia de calle. Tomó cursos nocturnos, a partir de los cuales lo ascendieron, etc.

John B. Miner ("The management of ineffective performance") dice que, por supuesto, el desempeño deficiente tiene que ver con problemas de capacidad y personalidad, pero que en la mayor parte de los casos tiene que ver con un "placement" equivocado: no es el mejor puesto para la persona, ni la mejor persona para el puesto.

Pero no es tan fácil lograr la combinación perfecta de puestos y personas. Los procedimientos tradicionales para combinar la descripción de un puesto con la descripción de una persona son tentativos, y nada más. Peter Drucker ("Management") arguye que es inevitable hacer la prueba final en la práctica. Esto supone aceptar que habrá errores y que habrá que corregirlos. Lo cual se dificulta cuando las reglas escalafonarias y las leyes laborales son rígidas.

Una manera de atenuar esta rigidez, en beneficio de ambas partes, sería separar el costo de los derechos de antigüedad y pagarlo de otra manera. En vez de esperar a la separación o el despido para efectuar el pago, se haría sobre la marcha, como aportación a las afores. Para esto, se tendría que hacer el cálculo actuarial de cuánto vale el posible despido, no para cada persona, sino como un porcentaje sobre el sueldo que todo patrón debe depositar en el Sistema de Ahorro para el Retiro.

Así la antigüedad sería portátil: nunca se perdería al pasar de una empresa a otra, y el costo del despido se reduciría mucho, sin afectar los derechos de antigüedad, que estarían de hecho pagados de antemano.

 

Gabriel Zaid

lunes, 2 de diciembre de 2013

¿Quién paga los impuestos? (realmente)

En relación con la polemizada reforma tributaria, un estimado amigo mío me recordó hace poco el certero dicho de un distinguido economista: "en la sociedad sólo hay dos clases de personas: las que pagan impuestos y las que viven de los impuestos". Desafortunadamente, a menudo no está claro quiénes integran la primera categoría.

En la literatura sobre finanzas públicas una cosa es "el impacto" de un impuesto y otra cosa, muy distinta con frecuencia, es "la incidencia". La diferencia estriba en que el pagador formal del tributo puede "trasladarlo" en muchas ocasiones. Por ejemplo, el impuesto sobre la gasolina, vendida a nivel de bomba, lo paga claramente el consumidor a través del precio (incidencia), aunque sea el vendedor quien tiene la obligación de enterarlo (impacto) al fisco. La historia no acaba ahí en realidad, pero basta y sobra como ilustración.

En todo caso, el ejemplo anterior sirve para enfatizar un punto clave: todos los impuestos recaen "a fin de cuentas" sobre las personas físicas. Las empresas son simplemente agentes recaudadores. Eso es cierto no sólo en lo que toca a gravámenes como el mencionado, sino también en lo que respecta al impuesto sobre las utilidades de las empresas (ISU, para propósitos de esta nota).

A primera vista, el ISU lo pagan los propietarios de la empresa gravada. Esa era precisamente la visión tradicional -aunque no todas las opiniones de los economistas coincidieran. Sin embargo, los avances de la teoría y la acumulación de resultados de ciertos estudios empíricos, han llegado a conformar un nuevo consenso: es muy probable que los trabajadores y los clientes de la empresa terminen pagando una buena parte del ISU. (Vale reconocer que el asunto es cualquier cosa, menos sencillo).

Lo señalado es apenas una primera regla elemental en cuanto a la incidencia de un ISU. La empresa, como tal, no paga impuestos. Una segunda regla es que el gravamen se distribuye en función de la movilidad de los involucrados. Si el impuesto reduce la rentabilidad del capital y éste se puede desplazar con facilidad entre actividades y entre países -como sucede en la economía global- la carga del tributo se traslada, en parte, a los trabajadores. En todo caso, no hay duda de que, en el mundo actual, el capital es más móvil que la mano de obra.

La apertura de la economía (el grado de competencia) limita también la posibilidad de que el impuesto se traslade a los consumidores: el producto afectado puede encontrar la competencia de bienes parecidos, pero producidos en economías donde el ISU es menor. De nueva cuenta, el peso del tributo puede caer sobre los trabajadores.

Una consideración adicional es relevante. Si un ISU propicia la adopción de métodos de producción menos intensivos en capital, ello puede resultar en un crecimiento más lento de la productividad de la mano de obra, en perjuicio de los salarios reales.

Hace poco, en algún otro escrito, cité la conclusión de un trabajo realizado por la Oficina de Análisis Tributario (OTA) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. A la letra, la OTA dice que los resultados de diversos estudios "sugieren reconsiderar el supuesto de que el impuesto sobre el ingreso de las empresas incide sobre los propietarios del capital; los trabajadores quizá reciben una porción sustancial de la carga...". El "quizá" contenido en la frase constituye una advertencia lógica: en estos temas, nunca hay juicios definitivos, hay sólo respuestas razonables.

Así pues, la noción popular de que un ISU lo pagan "los de arriba", es cuando menos cuestionable.
 
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Se ha señalado, con razón, que la recién aprobada reforma tributaria, al reducir la deducibilidad de los gastos de las empresas en previsión social y en aportaciones a los fondos de pensión, causará un aumento del costo de la mano de obra. Eso desalentará, muy probablemente, la creación de empleos formales.

 

Everardo Elizondo

 

 

Entre más carga fiscal tengan las empresas, al final el que paga es el trabajador. Por un lado con productos/servicios más caros. Pero por el otro, y quizá el más grave, con menos inversión productiva (que es la que genera empleos) lo que causa desempleo y, por ende, reducción de los salarios reales. Los salarios no es más que otro precio en el mercado. Es el precio del trabajo. Y a mayor oferta de empleo (vacantes) los salarios suben. Pero si no hay crecimiento económico, si no se generan empleos a un ritmo mayor al del crecimiento de la población, los sueldos bajarán pues habrá más gente dispuesta a aceptar un empleo con un sueldo menor.

 

viernes, 29 de noviembre de 2013

Motín ejidatario

Andan muy enojados algunos ejidatarios de Chiapas, se habrán enterado, amigos, por la nota que publicó éste su periódico ayer, al grado de enfrentarse con la Policía, quemar vehículos, realizar bloqueos y lanzar amenazas contra particulares y autoridades.

"¿Con quién están enojados?", tienen derecho a preguntar, y la verdad es que esto no queda muy claro, por lo que pensamos que seguramente traen entre ceja y ceja a David Ricardo o a Adam Smith, autor del libro "La Riqueza de las Naciones" ("The Wealth of Nations").

Ello porque estos grandes filósofos y escritores británicos son considerados fundadores de la economía moderna y abrazaban, entre otras ideas, la existencia de la ley de la oferta y la demanda.

Noticia que aparentemente apenas les está llegando -causándoles enorme disgusto- a los ejidatarios de Chiapas que siembran maíz, pese a que la tesis mencionada se conoce cuando menos desde el siglo 17.

Los ejidatarios protestan airados y amenazan con armar enorme bronca porque nadie les quiere pagar a ellos lo que piden por la tonelada de maíz que producen.

El precio del mercado está en 2 mil 600 pesos la tonelada, sin embargo, los ejidatarios chiapanecos quieren que se les PAGUE MÁS.

¿Por qué quieren una cantidad muy superior a la que rige en el mercado? Por la misma razón que Edmund Hillary escaló el Everest: "¡Porque se puede!".

Con cuánto más del precio de mercado se conforman los ejidatarios quién sabe, pero por lo pronto, y asustado por el motín, el Gobierno de Chiapas les está ofreciendo 3 mil 700 pesos por tonelada para que se aplaquen, poco más de mil pesos la tonelada por encima del precio real.

La diferencia entre precio de mercado y lo que les pretende pagar el Gobierno de Chiapas o el federal, como hizo con los cañeros, a quienes les regaló hace poco un subsidio considerable, es un regalo con cargo al pueblo y para beneficio de estos productores que no saben que, de acuerdo con la ley de oferta y demanda, cuando hay abundancia de un bien -cual es el caso del maíz en la actualidad-, su precio baja, y cuando escasea su precio sube.

Esto no les cuadra a los ejidatarios chiapanecos; entonces, mediante el amago de la violencia, pretenden traspasar su ineficiencia para encontrar mercado a su producto, extorsionando al Gobierno, que es lo mismo que decir a la sociedad.

No sabemos aún quién a nivel federal "maneja" esta bronca, si la Secretaría de Agricultura o la de Economía, pero si para "solucionar" este problema se emplea el recurso indebido de otorgarles un subsidio a quienes pretenden que NO SE APLIQUE a su negocio las leyes del mercado, se fijará un precio artificial por un grano que se comercia globalmente y se estará sentando un negro precedente, que se convertirá en incentivo para todos los productores nacionales a pretender recurrir a los subsidios dando pie a que se den en nuestro país, entre otras cosas, graves distorsiones del mercado alimentario nacional, lo cual puede conducir a que falle su equilibrio, generando escasez e inflación en los precios.

Ello además de que, al quedar establecido que los actos violentos les reditúan económicamente hablando a los grupos que recurren a ellos, se extiende una invitación general a todos los inconformes en México a que trastoquen la paz social.

Ni económica ni socialmente le conviene al País que ocurra esto, no obstante, hay un claro riesgo de que tal cosa suceda si se recurre a este tipo de soluciones que realmente no lo son de fondo, sino que equivalen a arrancarse un brazo para darle de comer al lobo hambriento.

El sistema ejidal en México es disfuncional, esto es sabido, el paradigma en el que se encuentran los ejidatarios de Chiapas (exceso de grano cosechado que conduce a bajo precio) tiene que ver con seguir apegados a un programa de producción que está divorciado de los mercados, creando burbujas de abundancia de ciertos granos que el mercado interno no puede consumir y que el externo tampoco, ya que su alto precio los hace nulamente competitivos.

Lejos de otorgar subsidios sin ton ni son, a nivel federal o local, algo debe hacerse para modernizar a nuestro campo y al sistema ejidal.

Empezando con el concepto de adecuar las cosechas a las demandas del mercado para evitar la creación de privilegios económicos que se otorgan a ciertos sectores y a otros no, y de pasada evitando medidas reñidas con las reglas económicas que sólo conducen a generar más ineficiencias y pérdida de competitividad en un país aquejado de por sí por estos vicios.

 
El abogado del pueblo 
fricase@elnorte.com

sábado, 23 de noviembre de 2013

Estado voraz

En el mundo ideal, el Estado es la encarnación del interés universal y su misión principal es garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos. A lo que se agrega, siempre en el mundo ideal, la misión de reducir la desigualdad.

En el mundo real, el Estado es una organización con intereses particulares, integrado por la burocracia y la clase política. Su acción y reproducción apuntan siempre a la expansión del presupuesto y la creación de cargos públicos, que son su fuente de poder.

El único factor de contención a la voracidad estatista proviene de la sociedad. Por eso en cada país la fuerza del Estado y su peso sobre la sociedad varía. El indicador más simple de esa correlación es el número de burócratas sobre la población total.

México es el ejemplo perfecto de un Estado obeso y voraz. Nuestros casi 8 millones de burócratas, sobre una población de poco más de 115 millones de habitantes, contrastan con los 2.2 millones de burócratas en Estados Unidos, sobre una población de 300 millones de habitantes.

Por eso no es casual que la reciente "reforma hacendaria" no haya contemplado la reducción de la burocracia ni mecanismos para hacer eficaz el gasto público. Su objetivo fue y es incrementar el presupuesto, es decir, el poder de la clase política y la burocracia.

Y tampoco es casual que la discusión sobre la reforma político-electoral, que están negociando PRI, PAN y PRD, no contemple la reducción del número de Senadores y Diputados, como ofrecieron panistas y priistas en la campaña por la Presidencia de la República.

Para nuestra desgracia y sorpresa, la alternancia en México, lejos de contener la voracidad del Estado, ha incrementado el gasto público y el número de burócratas. Pemex es el ejemplo perfecto: los gastos personales (nómina y directivos) aumentaron 184 por ciento entre 2000 y 2012.

A lo que hay que agregar la socialización de la corrupción. En estos 13 años no ha habido avances en la transparencia y rendición de cuentas, pero la corrupción se ha multiplicado. Los partidos, que fueron Oposición bajo el priato, se han mimetizado con las viejas prácticas priistas.

Con una agravante, bajo el sistema vertical priista los Gobernadores y los Presidentes Municipales tenían sobre su cabeza una espada de Damocles, que el Presidente de la República podía blandir en cualquier momento. Hoy, se han emancipado. Y la corrupción se ha, literalmente, democratizado.

No hay partido que se salve. Las recientes revelaciones sobre las "comisiones" que obtienen los Diputados por asignar recursos públicos son apenas la punta del iceberg. Porque en las diferentes instancias de gobierno -federal, estatal y municipal- la corrupción es aún mayor.

Baste señalar que en el Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, México se localiza en el lugar 81 de 144 en pagos irregulares y sobornos, y 97 en el caso de la carga de regulación gubernamental.

Lo que amerita un comentario sobre la regulación en México. En el mundo ideal sirve para proteger a los usuarios, clientes y ciudadanos. En el mundo real es el instrumento para someterlos a extorsión porque los reglamentos son absurdos o imposibles de cumplir.

Por eso se puede afirmar que en nuestro sistema político la corrupción y la falta de rendición de cuentas no son tumores que hay que combatir con quimioterapia, sino el aceite que hace funcionar los engranajes de la maquinaria estatal.

La voracidad del Estado tiene, pues, asideros muy claros: a mayor presupuesto, mayores funciones y mayores cargos públicos.

A mayor presupuesto, más obras y más "comisiones" para Diputados, pero también para Gobernadores, Presidentes Municipales y funcionarios de los tres niveles de gobierno.

A mayor presupuesto, mayor lealtad de los grandes sindicatos nacionales, como el SNTE o el gremio petrolero.

A mayor presupuesto, mayores recursos para las políticas asistencialistas que permiten comprar votos y voluntades.

A mayor presupuesto, mayores tajadas para las oposiciones, como lo ejemplifica el fondo de capitalidad otorgado al PRD, así como los 400 millones de pesos adjudicados a la cooperativa refrescos Pascual -afín al PRD.

A mayor presupuesto, mayores recursos para distribuir a la CNTE y aplacar un movimiento que viola sistemáticamente la ley y atenta contra ciudadanos y niños que se quedan sin clases.

Y por si todo lo anterior fuera poco, el Estado voraz es incapaz de garantizar el orden y la seguridad de los mexicanos.

Octavio Paz hablaba de un ogro filantrópico. No se equivocaba.

 

Jaime Sánchez Susarrey

viernes, 15 de noviembre de 2013

Cigarra y hormiga

"Cantando la cigarra pasó el verano entero sin hacer previsiones allá para el invierno".
Félix María Samaniego
 
Érase una vez una cigarra que pasaba el verano cantando y burlándose de una hormiga que laboraba del alba al anochecer. "Para qué pierdes el tiempo trabajando", decía la cigarra a la hormiga, "si el día es cálido y hermoso y la naturaleza se presenta en todo su esplendor".

"El tiempo no permanecerá así todo el año", respondía la hormiga sin detenerse. "En unos meses bajarán las temperaturas, los árboles perderán sus hojas, los cielos se cubrirán de nubes y los campos ya no rendirán sus frutos. Éste es el momento de trabajar para tener sustento en el invierno".

La cigarra rió y siguió cantando, pero meses después los cielos se tornaron grises, las temperaturas descendieron y los campos quedaron desnudos. La hormiga se refugió en su madriguera, cómoda y calentita, con alimento suficiente para el invierno, una buena colección de libros y sus discos favoritos de Mozart y Bach.

La aterida cigarra acudió a la casa de la hormiga para pedirle un préstamo. El frío era agobiante: necesitaba alimento y un lugar cálido para pasar el invierno. La hormiga le preguntó:
 
-¿Qué has hecho en el buen tiempo?

-Yo -dijo la cigarra- a todo pasajero cantaba alegremente, sin cesar ni un momento.

-¿Conque cantabas cuando yo andaba al remo? Pues ahora, que yo como, baila.

No quedaron, empero, así las cosas. La cigarra organizó un movimiento de protesta. Con el apoyo de otras cigarras que se hallaban en el mismo caso, bloqueó carreteras, avenidas y aeropuertos, pero también la entrada a la madriguera de la hormiga y el acceso al Ministerio de la Gobernación.

"Es injusto", decía la cigarra, "que la hormiga tenga tanto mientras nosotras tenemos tan poco. Somos pobres porque ella es rica. Hay que quitarle lo que ha acaparado para que todas seamos tan prósperas como ella".

El Ministerio de la Gobernación encontró justo lo que pedían, sobre todo porque las cigarras, que eran mayoría en el reino, le prometieron sus votos al partido en el poder. Ordenó el Ministro de inmediato la confiscación de todos los bienes de la hormiga. Era injusto, dijo en su solemne decreto, que una hormiga tuviera tanto mientras las cigarras pasaban hambre y frío. El Ministro se quedó con la mitad de los bienes de la hormiga y repartió la otra mitad entre las cigarras del reino, que con alegría festejaron durante el invierno el triunfo de la justicia social.

El tiempo, como suele hacerlo, siguió su camino y sus mudanzas. Al invierno siguió la primavera e inmediatamente después el verano. La cigarra reanudó sus fiestas y sus cantos. Los viajeros que llegaron al reino le aplaudieron y festejaron su gracia y su salero naturales.

Su única inquietud vino de no encontrar a la hormiga. No quería ya burlarse de ella sino cantarle e invitarla a un coro. Pero la hormiga no estaba ese verano trabajando en sus habituales campos.

Pronto llegó el otoño y más adelante el invierno. Las cigarras tuvieron una vez más frío y hambre y organizaron manifestaciones y bloqueos que se volvieron violentos. El Ministro de la Gobernación, temeroso por su propia persona y familia, mandó guardias a cobrar el impuesto de la hormiga que sostendría a toda la comunidad de las cigarras. Pero la hormiga no apareció ni en su madriguera ni en ningún otro lugar.

Las cigarras, enfurecidas, lincharon al Ministro y lo despojaron de los bienes de la hormiga que aún conservaba. Al final del invierno no había ya nada que expropiar y las cigarras fueron falleciendo una por una de frío y hambre sin poder ya cantar o bailar.

Sergio Sarmiento

www.sergiosarmiento.com

lunes, 28 de octubre de 2013

Nuevos derechos (¿o más populismo?)

"Una de las consecuencias de la noción de derechos sociales es que la gente que no ha contribuido nada a la sociedad siente que la sociedad le debe algo".
Thomas Sowell
 
No tendremos un Viceministro de la Felicidad como en Venezuela, pero a partir del año que viene los mexicanos gozaremos de un seguro de desempleo y de una pensión universal garantizada. Y no serán simples beneficios sociales: serán nuevos "derechos humanos" consagrados en los artículos 4, 73 y 123... para que nadie se atreva a quitarlos.

Parece motivo de festejo. ¡Qué mejor que contar con nuevos derechos! El Gobierno está ahí para darnos derechos y llenarnos de felicidad. Ya los desempleados podrán agradecer al Gobierno su seguro de desempleo, para el que no tendrán que pagar primas, y su pensión universal, para la que no tendrán que aportar a un fondo de reserva. Es pura ganancia. La gente recibe sin tener que aportar nada. Para eso está Papá Gobierno.

Ya Andrés Manuel López Obrador demostró lo que se puede hacer con la pensión universal. Si entregas 600 pesos mensuales a los viejitos compras no sólo su voto sino el de toda la familia. Es una ganga. Marcelo Ebrard avanzó más en ese camino con su seguro de desempleo en el Distrito Federal.

El Presidente Enrique Peña Nieto no quiere quedarse atrás. El PRI perdió las elecciones presidenciales del 2000 y el 2006 y no va a permitir que eso vuelva a ocurrir.

Pero la idea populista de que puedes repartir dinero sin costo es simplemente falsa. Esto lo entendimos los mexicanos tras los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo que protagonizaron la última gran ampliación del Estado mexicano. Algo similar puede ocurrir ahora con Peña Nieto.

Los nuevos derechos constitucionales se están financiando con una fuerte alza en los impuestos y con una ampliación todavía mayor del déficit de presupuesto. El alza de impuestos está diseñada para golpear más a las personas y empresas en la economía formal y llevará al cierre de compañías y a una mayor informalización de la economía. Nada hay de qué preocuparnos, nos dicen los políticos, para eso precisamente está el nuevo seguro de desempleo: para enfrentar el desempleo.

Este seguro de desempleo, sin embargo, se crea sin los pagos de primas que caracterizan a cualquier seguro. No tiene forma de crear una reserva que permita hacer los pagos futuros. ¿De dónde vendrá pues el dinero? Del gasto corriente del Gobierno y del fondo de vivienda de las Afores. Efectivamente, siguiendo el ejemplo del Gobierno argentino de Cristina Fernández, que se robó los fondos de pensiones de los trabajadores para elevar su gasto público, el Gobierno de Peña Nieto está usando el fondo de vivienda de los trabajadores mexicanos para financiar el nuevo seguro de desempleo.

¿Y la pensión universal? Tampoco crea un fondo de reserva. Las pensiones se pagarán directamente del gasto corriente del Gobierno. Por eso hay que subir impuestos y aumentar el déficit. Dice el Gobierno que el déficit es temporal, pero la población de 65 años y más está aumentando a un ritmo acelerado y lo seguirá haciendo, por lo que el costo de la pensión se elevará de manera progresiva hasta volverse insostenible. Por eso había que incluir la pensión como un derecho constitucional, para que nadie pueda quitarla.

Algunos países del mundo, es cierto, han creado sistemas de pensiones y seguros de desempleo generosos porque han alcanzado primero elevados niveles de productividad y de prosperidad. En México no. Estamos siguiendo el camino de Grecia, que adoptó esos generosos programas sin tener la productividad y la prosperidad para sostenerlos. Pero Peña Nieto conoce bien su apuesta. La bomba de tiempo no estallará en su sexenio. Le tocará a un Gobierno posterior.
 
Baja California
La región más afectada por la miscelánea fiscal será la frontera norte, atacada con un doble golpe de IVA y nuevos impuestos a las maquiladoras. Con razón ha surgido ya un movimiento para crear la República de Baja California.

Sergio Sarmiento

www.sergiosarmiento.com

sábado, 12 de octubre de 2013

¿180 grados?

La izquierda está de plácemes. Jesús Zambrano, presidente del PRD, lo ha puesto negro sobre blanco:
 
"Nadie podrá negar que el PRD ha influido para evitar el IVA en alimentos y medicinas, lograr una reforma hacendaria progresiva, avanzar en la eliminación de los paraísos fiscales, reconocer la necesidad de un nuevo régimen fiscal para Pemex, hacer a un lado el dogma del déficit cero para reactivar la economía, y dar pasos decisivos en el establecimiento de un sistema de seguridad social universal y lo hemos logrado gracias a nuestros esfuerzos en el Pacto, en las cámaras y en los distintos espacios públicos" (El Universal, 12/09/13).

El presidente del PRD tiene razón punto por punto. Reconoce claramente lo que el Gobierno de la República disfraza o matiza.

La razón de mantener la exención a medicinas y alimentos no derivó de la coyuntura económica; fue estrictamente política. Por eso el Secretario de Hacienda ratificó que no se abriría ese capítulo en lo que resta del sexenio.

La idea de una reforma progresiva, que se ha traducido en una serie de medidas que golpean a la clase media, tiene también el sello perredista.

Y qué decir del nuevo régimen fiscal de Pemex que se incluye sin amarrar con la izquierda el apoyo a una reforma cabal del sector energético.

En lo que se refiere al "tabú del cero déficit fiscal" la historia no miente. La izquierda -priista y socialista- fue partidaria de la intervención masiva del Estado en la economía y del gasto, vía déficit fiscal, durante los gobiernos de Echeverría y López Portillo.

Por las mismas razones se opuso y denunció a Miguel de la Madrid, Salinas y Zedillo, para no hablar de Fox y Calderón.

De ahí que no sea casual que, en el citado artículo, Zambrano se refiera a que estas "reformas parten del reconocimiento de que el modelo económico y social, de esencia neoliberal, implantado en México desde hace 30 años, no sólo no ayudó al desarrollo del País, sino que agudizó los problemas estructurales de falta de crecimiento económico, desigualdad social y ausencia de oportunidades para las nuevas generaciones, amén de que fácticamente se asume que se ha tocado fondo y que es imperativo un golpe de timón y un cambio de rumbo".

Ése es el lenguaje que AMLO ha utilizado una y otra vez para confirmar la tesis de que la Revolución Mexicana extravió el rumbo en 1982, con la llegada de Miguel de la Madrid a la Presidencia de la República.

Vale agregar que las omisiones de la iniciativa de reforma fiscal son tan importantes y sintomáticas como su contenido.

La miscelánea carece de un mecanismo efectivo para ampliar la base fiscal. Ésa nunca ha sido una preocupación de la izquierda. Si lo fuera, se vería obligada a reconocer que el fin de los paraísos fiscales, es decir, de los regímenes especiales de recaudación, pasaría obligadamente por la eliminación de la exención fiscal a medicinas y alimentos.

Tampoco figura en la agenda la preocupación por simplificar la regulación sobre las empresas ni crear condiciones para incrementar la productividad. Eso explica que el reclamo justiciero de un sistema de seguridad social universal prevalezca sobre cualquier otra consideración y que no se tenga empacho en incrementar la regulación y los costos para las empresas.

Por eso el seguro contra el desempleo supondrá una contribución adicional para los empresarios sin que a cambio se toque la ley federal de trabajo ni el sistema de liquidaciones, que funciona -en los hechos- como un seguro contra el desempleo.

Por todas esas razones no hay duda que la iniciativa de reforma fiscal pasará, como lo ha adelantado el propio Zambrano, con el voto del PRD en el Congreso.

¿Cómo entender lo que está ocurriendo? ¿Como un simple guiño del Gobierno de Peña Nieto al PRD? ¿O como un giro de 180 grados respecto del "neoliberalismo" que se habría impuesto en el País durante los últimos 30 años?

No es posible, por el momento, dar una respuesta definitiva. Porque si uno se atiene a lo que está sucediendo, se podría concluir que el PRI que regresó al poder no es el partido reformador de De la Madrid, Salinas y Zedillo, sino el estatista de Luis Echeverría y López Portillo.

Más aún, la convergencia PRI-PRD en materia hacendaria abriría la posibilidad de un acuerdo de largo plazo que podría convertirse, incluso, en una alianza electoral. No sobra recordar que el PRI se ha asumido siempre como un partido de centro-izquierda.

El mimetismo del Gobierno de Peña Nieto con el PRD, y en particular con AMLO, se puede ejemplificar también con el discurso sobre la violencia y el delito. La marginación y la pobreza se esgrimen como las únicas causas relevantes para explicar esos fenómenos.

De ahí que la agenda de seguridad y cuerpos policiacos ocupe el último lugar en las preocupaciones del Gobierno actual. Baste citar, como ejemplos, el impasse en que se encuentran la Gendarmería Nacional y la unificación de los mandos policiacos.

Así que, si por los elementos enumerados fuera, se podría afirmar, sin lugar a dudas, que el Gobierno de Peña Nieto está tendiendo puentes con la izquierda para forjar una alianza de largo aliento.

La incógnita que queda por resolver en esa ecuación es la reforma energética. Porque, hasta ahora, la única posibilidad que tiene de prosperar la iniciativa presentada por Peña Nieto es en alianza con el PAN. Además que le generará un enfrentamiento, sin cuartel, con toda la izquierda.

En las semanas que vienen sabremos si estamos ante un pragmatismo extravagante, que da un paso a la izquierda para dar dos a la derecha, o ante un giro de 180 grados respecto del "neoliberalismo", como postula Jesús Zambrano.

Jaime Sánchez Susarrey.

martes, 8 de octubre de 2013

El mundo CNTE

Las marchas, manifestaciones, plantones y afectaciones causados por los supuestos "maestros" de la CNTE en semanas recientes han puesto de nuevo en evidencia una faceta corrupta y corruptora de México, nacida y criada en el corporativismo más rancio, que es indispensable dejar atrás si queremos un mejor país.

El Mundo CNTE no nada más es habitado por los integrantes de la CNTE. También lo habitan el SNTE, el SME, el STUNAM, el Sindicato Petrolero... y buena parte de la burocracia parasitaria, federal y estatal, que pulula por todo el país. Muchos Diputados y Senadores le pertenecen, lo mismo que una parte de los aparatos partidistas. Ni qué hablar de los líderes sindicales, comisionados y aviadores; ellos son los reyes del Mundo CNTE.

Este Mundo no se constriñe a una determinada clase social o nivel socioeconómico. También participan los empresarios que viven del Gobierno, así como los que eluden y evaden impuestos. Habría que incluir a quienes reciben subsidios gracias a padrones inflados que confunden a pobres y necesitados con ricos y abusivos. Qué decir de la informalidad: casta divina.

Entre los deportes favoritos que se practican en este Mundo se cuentan el chantaje, la extorsión, la toma de Secretarías, la marcha violenta, la consigna como antídoto a la razón, el cochupo, el 10 por ciento, la licitación a modo y las ya consagradas plazas vitalicias así como su venta y herencia. Quien no es docto en esas artes no puede ser líder en el Mundo CNTE y se tiene que ajustar con las migajas.

Hay varias características de sus habitantes. Una fundamental es que son vividores del presupuesto. Sí, viven del erario, pero se rehúsan a rendir cuentas a la sociedad de la que viven. En ese sentido, estamos hablando de un Mundo parasitario, antropófago.

Los integrantes del Mundo CNTE se escudan en una retórica "nacionalista", pero abusan de la Nación. Dicen defender la democracia, pero en realidad la denuestan con prácticas autoritarias. Dicen defender la educación pública cuando en realidad la han privatizado y pauperizado. Dicen defender la libre empresa, pero combaten la libre competencia. Dicen defender la "soberanía" de la Nación sin jamás dar prueba de un verdadero amor o servicio a México.

Otros cínicos ni siquiera disfrazan su abuso en retórica barata: simplemente abusan.

La luz es al Mundo CNTE lo que la kriptonita a Supermán. Su archienemigo es la transparencia, la rendición de cuentas. Por eso su objeción a evaluaciones y censos, al concurso de plazas, a la medición o presentación de resultados, a las auditorías. ¡Nada de cuentas! ¡Jamás! -es la consigna que se oye en ese mundillo infame.

Otro rasgo de quienes ahí habitan es que su corrupción es tan profunda, tan corrosiva, tan de tuétano, que están convencidos de que su accionar es una lucha para defender "derechos adquiridos" o "derechos laborales" o "derechos políticos". Resulta increíble que no reparen que muchos de esos "derechos" fueron obtenidos de manera ilegal: pagos y prebendas fuera de la ley, sueldos que no corresponden a servicios prestados, permisos, contratos y concesiones mal habidos...

Pero ellos no lo ven, pues hay que defender "el negocio" aunque se afecte a otros. En ese sentido, el Mundo CNTE es profundamente egoísta. Su lema es "¡Para mí, para mí y para mí, los demás que se chin...!".

El reciente estudio de Mexicanos Primero, "(Mal)Gasto" ( www.mexicanosprimero.org ), describe los medios que utiliza parte de ese Mundo para capturar el presupuesto educativo, lo que resulta en líderes sindicales pudientes, maestros coaccionados y afectados, y escuelas y niños abandonados.

¿Cuándo le hemos escuchado a alguno de los residentes del Monumento a la Revolución que su lucha es para garantizar que los niños nunca pierdan clases y defender su derecho a una educación de calidad? ¡Nunca! Ni se les ocurre. El tamaño de la distorsión: ¡un sistema educativo que se olvidó de los niños y jóvenes y de los verdaderos maestros!

México ya no puede seguir cargando a cuestas con el Mundo CNTE. Le pesa demasiado, le sale carísimo. Le quita recursos. Peor: le corrompe.

No podemos permitir que este cáncer haga metástasis. El mejor antídoto es la transparencia y la aplicación de la ley y un cambio cultural donde la corrupción provoque vergüenza y no sea considerada "normal".

México se juega mucho más que la reforma educativa en estos momentos. Está en juego el alma de México. O nos definimos por el trabajo, la transparencia, la honestidad y el servicio público desde todas las trincheras (pública, privada y social) o seguimos estirando la mano, viviendo del presupuesto y la corrupción y engañando al contribuyente y al necesitado.

El PRI, en buena medida, creó a los monstruos que hoy le acechan. Dicen que han cambiado, que son otros, que se han "modernizado". Todos palpamos el dilema que enfrentan. Ojalá nos den más muestras de su "modernidad".

Y nosotros... a exigírselos y portarnos a la altura.

www.mexicanosprimero.org 

viernes, 27 de septiembre de 2013

'Maistro' petrolero

Lo que es capaz de hacer y decir un político populista por lograr seguidores y sostener sus causas no tiene límites. Ejemplo de ello son las últimas declaraciones de López Obrador en materia de perforación petrolera.

Según él, sacar petróleo (cito textualmente) "es como perforar un pozo para extraer agua. No tiene ninguna ciencia, no se requiere tecnología". Cuando escuché esta barbaridad (la pueden ver en YouTube: "Lopez Obrador Perforar, producir y transportar petróleo, no tiene mucha ciencia"), me quedé por un momento sin palabras.

Luego pensé que falacias como ésta prosperan y se arraigan en la mente de los mexicanos debido a la manipulación deliberada de la ignorancia.

Toda manipulación se basa en la falta de conocimiento de los receptores para evaluar el mensaje, o para encontrar argumentos que lo refuten.

Manipular la ignorancia sí que no requiere de gran ciencia: basta algo de carisma y buena labia para abusar de la buena fe de las personas y de sus necesidades económicas, sociales o espirituales.

Por ello es que los receptores de la manipulación pueden ser definidos como víctimas. Víctimas de la ausencia o insuficiencia de conocimientos relevantes que les permitan detectar datos falsos, distorsiones o sofismas.

Y es que siempre será mas fácil y eficiente hacer conjeturas rápidas y tomar atajos para las ideas que hacer análisis completos.

Para oponerse a la reforma energética, López Obrador, de una manera rápida y sobresimplificada, afirma que sacar petróleo "es como extraer agua, nada más que no a 30 metros, sino a 3 mil... no tiene ninguna ciencia: se extrae petróleo y por ductos va a los puertos". Así de fácil.

Si aceptamos explicaciones y analogías simplistas como ésta, podríamos decir que la perforación y extracción petrolera marina es como meter un popote en un vaso, nada más lo hundes y le sorbes; o que construir un rascacielos es como construir una casa, nada más que en lugar de ser de dos pisos, es de 100. Y además, como nuestros "maistros de obra" mexicanos se las saben todas y el Gobierno mexicano invierte en investigación y producción de tecnologías propias, no necesitamos que ningún extranjero nos venga a decir cómo hay que hacer las cosas.

Habría que recordarle al "maistro petrolero" de López Obrador la sofisticada tecnología que se necesitó tan sólo para apagar el fuego y resolver las consecuencias del accidente de abril de 2010, cuando explotó la plataforma petrolera "Deepwater Horizon" de British Petroleum, y se derramaron 4.9 millones de barriles de petróleo en el Golfo de México, y en el que luego de varios intentos y cinco meses probando distintas técnicas lograron detener el incendio y el flujo de petróleo. Y por si fuera poco, este asunto le costó a la petrolera británica nada menos que 42.2 billones de dólares.

Los datos técnicos de la plataforma Deepwater Horizon deben ser suficientes para que los seguidores de López Obrador se den cuenta del grado de sofisticación tecnológica que se requiere para perforar en aguas profundas, y preguntar seriamente si Pemex tiene la capacidad técnica y financiera para hacerlo. Y ni hablar de las responsabilidades humanas, económicas y ambientales que esta actividad conlleva.

Deepwater Horizon era una torre petrolífera de diseño RBS-D de quinta generación, semisumergible, de posicionamiento dinámico y de aguas ultraprofundas, cuyos taladros perforaban el lecho marino. La torre tenía 121 metros de largo por 78 de ancho (como una manzana completa). Podía operar en aguas de hasta 2 mil 400 metros de profundidad y con capacidad de perforar hasta 9 mil 100 metros (9.1 kilómetros hacia abajo).

La torre flotaba hasta la posición de perforación, y sin apoyarse en ningún momento en el lecho marino se mantenía en su lugar literalmente contra viento y marea.

No me digan que sacar petróleo del fondo del mar es como ponerle un popote a los océanos, o que tapar una fuga de petróleo encendido a medio mar es como apagar el piloto de la estufa. Si éstos son los argumentos de los principales opositores a la reforma energética, creo que no hay nada que discutir con ellos.

Ricardo Elias
ricardoelias1@gmail.com
 

domingo, 22 de septiembre de 2013

Provocar un Recesión

El año 1971 fue el de la atonía. Luego de dos décadas con tasas de crecimiento mayores a 6 por ciento en promedio, ese año fue considerado de recesión porque el crecimiento sólo fue de 3 por ciento. Así han cambiado las cosas... La respuesta de los políticos fue "estimular" la economía con un gasto público exacerbado, financiado con deuda externa e impresión de billetes, o sea, inflación. Así nació la era de las crisis, recesiones y, por un pelito, la hiperinflación. El 2013 se parece a 1971 y, como ilustra el presupuesto, el Gobierno se apresta a aplicar la misma receta perdedora.

El empaque retórico que acompaña a la iniciativa de reforma hacendaria es grandioso: productividad, crecimiento, ataque a la desigualdad y seguro de desempleo. Suena atractivo, pero, como decía George Orwell, "el lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras parezcan verdades, que el asesinato parezca respetable, y dar al viento apariencia de solidez".

Los comentarios a mi artículo anterior muestran que hay más dudas que certezas sobre la dirección que se propone. Sigue un resumen de los que recibí, todos de expertos intachables.

Primero: "Si bien la iniciativa se justifica primordialmente por el propósito de alcanzar la seguridad social universal, es notable que el aumento propuesto de gasto entre 2013 y 2014 es de 520 mil millones de pesos, pero de los cuales solamente 20 mil se destinan a la seguridad social universal. Uno hubiese pensado que, de forma prioritaria, se dedicarían recursos para unificar el financiamiento de la salud, pero este tema presumiblemente se pospone. No utilizar los recursos nuevos para remover la distorsión por las diferencias en la forma de financiar los regímenes contributivos y no contributivos de salud es una omisión difícil de entender". A menos que el objetivo sea sólo gastar; no sería la primera vez.

Segundo: "La pensión universal propuesta no es en realidad universal. Está condicionada a ser informal. Los trabajadores formales no tienen derecho a ella... Dado que el Seguro Popular es una prestación financiada de la tributación general para el informal, pero que pierde si obtiene un empleo formal... a los incentivos a la informalidad que ya existían... se agrega ahora otro incentivo por un programa similar para pensiones de retiro (y se propone legislar su monto, amén de bajar la edad para recibirlo de 70 años a 65). Es difícil pensar que esto no va a aumentar la informalidad. La evidencia de programas similares es que sí lo hará y también puede reducir la tasa de participación laboral. Por esas dos vías, la productividad se verá castigada". Hay una contradicción entre la iniciativa presentada y el diagnóstico del Gobierno sobre la urgencia de elevar la productividad para acelerar el ritmo de crecimiento económico.

Tercero: "El seguro de desempleo realmente no es eso; parece más un seguro de separación. La clave aquí es que se introduce este seguro sin modificar las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de indemnizaciones por despido o primas de antigüedad. Tampoco se modifica la problemática de despido justificado vs. no justificado. En los términos de la ley propuesta, un trabajador que voluntariamente se separa de su trabajo tiene derecho a recibir los beneficios del nuevo seguro. México tendrá ahora dos mecanismos paralelos para proteger a los trabajadores contra shocks: las disposiciones que ya estaban en la LFT y el nuevo seguro. Es difícil pensar que en el futuro se podrá modificar la LFT para reducir los costos contingentes de las empresas formales derivadas de la contratación" cuando "el principal mecanismo que se hubiese podido utilizar para cambiar esas disposiciones de la LFT -introducir un seguro de desempleo- ya se usó. Al no reducirse los costos contingentes de las empresas, es difícil ver también cómo este nuevo seguro contribuirá a la formalidad".

Cuarto: "Se propone un incremento neto de las cuotas patronales, lo que no resuelve el problema esencial que es la homologación de los costos en salud. Es justo ahí donde estará la presión de gasto en los próximos años. Hoy no sabemos cuánto cuestan los servicios médicos en el IMSS, el ISSSTE y en los sistemas estatales de salud que son financiados con el Seguro Popular. No hay certeza sobre necesidades presupuestales del sector salud, sólo conocemos el gasto ejercido en cada institución, no el costo de cada servicio ni las estimaciones por cambios epidemiológicos. La propuesta resuelve la urgencia financiera del IMSS en el corto plazo, pero no resuelve el problema de fondo".

Quinto: en "el propuesto seguro de desempleo se descobija la contribución de Infonavit, en vez de llevarlo a salud o bien complementar pensiones contributivas. Esto crea más distorsiones laborales, hace más líquidas las aportaciones en el corto plazo". No puede ignorarse otra posible motivación del enfoque propuesto: "Quienes cumplan 18 años a partir de 2014 serán cubiertos por un fideicomiso en Banxico, justo el grupo que votará en 2018 por primera vez".

"La reforma no es para financiar una 'seguridad social universal', sino para justificar el aumento de cuotas patronales y el otorgamiento de nuevos beneficios, cuyo costo irá aumentando y se sumarán al costo creciente de los programas ya existentes. Los recursos fiscales de la propuesta serán usados para otros gastos y no se propone modificar el funcionamiento del sistema de salud, ni su financiamiento. Dado el crecimiento que se está observando en la provisión de servicios médicos, los costos se elevarán y será imposible regresar a un déficit cero en el tiempo propuesto (2017). Bajo el escenario internacional actual esto suena demasiado arriesgado". "Y todo sin considerar los pasivos de salud y pensiones de los estados, Pemex y CFE". No hay reforma estructural ni solución a problemas pendientes.

La propuesta es regresar a los 70: déficit creciente, sin financiamiento saludable y sostenible, lo que no contribuye al crecimiento de la economía. Ignorar las causas de las crisis pasadas -estrategia económica sustentada en déficit y deuda- que los jóvenes de hoy no vivieron es la mejor forma de provocarlas. No aprendemos.

Luis Rubio
www.cidac.org

domingo, 8 de septiembre de 2013

¿Derechos o privilegios?

Hoy en día, con el debate magisterial y el caos reinante en el Distrito Federal provocado por la CNTE, constantemente escuchamos en los medios un debate que se centra en "derechos".

En términos generales, la narrativa se plantea como un conflicto entre los derechos de los ciudadanos del DF a transitar por su ciudad y los derechos de los niños a recibir la educación, por un lado, contra los derechos laborales de los maestros a mantener ciertas prácticas sindicales y a manifestarse, por el otro.

La narrativa se ha limitado a poner en una balanza "derechos" y forzar a la autoridad a imponer unos sobre otros. Lo anterior esconde un error conceptual envuelto en un discurso incendiante que impide que el problema se resuelva sin que alguno de los llamados "derechos" se vea afectado.

En México estamos llenos de privilegios que, en algún momento, por razones políticas, empezaron a ser llamados "derechos". La diferencia no es trivial a la hora de tomar decisiones, puesto que el conflicto entre derechos no se resuelve igual que un conflicto entre privilegios.

El jurista Wesley Newcomb Hohfeld nos invita a utilizar una metodología analítica para distinguir una cosa de la otra. Hohfeld afirma que los derechos tienen como correlación una obligación, mientras que los privilegios tienen como correlación un "no derecho" de alguien a reclamar una acción contra ese interés en particular. Ello implica que, aunque ambas categorías protegen intereses jurídicos, tienen una diferente jerarquía y grado de exigibilidad, y que al momento de enfrentarse no se les otorgue el mismo peso.

Por ejemplo, el derecho de los niños a recibir educación sí está vinculado a una obligación del Estado de otorgar y asegurar una educación básica. Es un derecho universal, general e intrínseco a los ciudadanos mexicanos por el simple hecho de serlo.

Sin embargo, los mal llamados "derechos" de ciertos grupos organizados, sean partidos, empresarios o sindicatos, a mantener opacidad en el manejo de recursos públicos, disfrutar de monopolios, o a no ser evaluados por la ciudadanía cuando realizan funciones públicas, caerían más bien en la categoría de "privilegios", que se traducen en el no derecho de los ciudadanos a afectar dichos intereses gremiales, a pesar de que para ello se utilicen recursos públicos y se afecte la vida -y los derechos- de los ciudadanos.

Un privilegio para proteger ciertos intereses puede ser válido si está conectado con fines legítimos del Estado y con objetivos de política pública. Es en este espectro en el que, considero, es más adecuado analizar si vale la pena mantener ciertos privilegios.

En el presente caso, si el fin de la política pública plasmada en la reforma discutida es alcanzar ciertos niveles educativos vinculados con el derecho a recibir educación, y los privilegios otorgados a ciertos grupos organizados obstruyen ese fin, entonces se debe optar por proteger la reforma, dada su conexión directa con un derecho, aunque ello implique la afectación de privilegios adquiridos.

Lo anterior no implica que el Estado debe ignorar los intereses del magisterio, ni que deje de buscar girar el timón para encontrar soluciones conciliadoras, en la medida de lo posible. Lo que hay que tener claro es que no es un tema de conflicto de derechos en sí, sino de cómo alcanzar objetivos comunes de política pública y, al mismo tiempo, dar orden a los intereses en juego.

Usando el mismo marco analítico, los miembros de la CNTE no tienen derecho a irrumpir violentamente en una sede de gobierno y recibir, heredar o conservar plazas sin ser evaluados; ésos son privilegios que el Estado les ha otorgado con su inacción desde hace muchos años a cambio de beneficios políticos.

Por el contrario, los ciudadanos del DF y los niños sí tienen un derecho a la educación y al libre tránsito en contra del abuso del magisterio, porque el Estado tiene la obligación de asegurarlos aunque entran en conflicto con los privilegios que el magisterio busca conservar.

Igualmente, los maestros tienen derecho a manifestarse y el Gobierno está obligado a asegurarse que lo puedan realizar de manera pacífica y sin afectar a terceros.

Aprender a distinguir estos conceptos es útil para evaluar y decidir cómo dirimir los conflictos de interés que se generan en la decisión gubernamental.

Es la sociedad, a través del debate público y el Estado, quien tiene que evaluar si los privilegios otorgados cumplen con los objetivos que se busca alcanzar como colectividad. De lo contrario estamos solapando privilegios de intereses agremiados y negando derechos al resto de la sociedad.


Guillermo J. García Sánchez:
@guillermojgarci
abogado y licenciado en Relaciones Internacionales por el ITAM, y candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Harvard.