¿Irá a bajar la luz?

"Ven, acércate. Acércate más. Para que veas dos de los efectos más grandes que se van a lograr con la Reforma Energética. Uno, que baje tu recibo de luz...".

Promesas de uno de los muchos actores que contrató Peña para vendernos esta reforma. Para explicar los buenos deseos, que mejor que recurrir a otro spot: "con más gas, tus recibos llegarán más baratos".

La clave, producir más gas. Mmmm, cierto en parte. Porque si la CFE es ineficiente, producir más gas podría no ser suficiente.

Decidí ponerme la cachucha de un Sherlock Holmes contable para comparar los costos de CFE con los de una compañía americana.

Puse manos a la obra. Elegí a una de las compañía eléctricas más grandes de Estados Unidos (EU), la californiana Pacific Gas & Electric (PG&E), que sirve a más de 15 millones de usuarios e ingresó 15 mil millones de dólares en 2012.

Obtuve los estados de resultados de ambas empresas, afiné el lápiz y alisté la calculadora para ver si bajará la luz, y...

¡Ni idea!

Así desglosa sus resultados la CFE (miles de millones de pesos):
 

VENTAS:	$311
COSTOS:
Explotación:	$235
Depreciación:	$35
Administración:	$7
Pensiones:	$45
PÉRDIDA OPERATIVA:	$11

Y ya. Después de estos conceptos vienen rollos contables inentendibles relacionados con impuestos e "insuficiencias tarifarias".

En contraste, en el sitio de PG&E está la forma 10K que tiene mucho más detalle. Aunque falta un desglose de costos, sí pude por ejemplo conocer que:
 
"80 por ciento de sus ingresos provienen de electricidad y el resto de la venta de gas.

"El negocio del gas tiene un mejor margen bruto que el de la luz: 72 vs. 65 por ciento.

"Los costos operativos y de mantenimiento representan el 40 por ciento de los ingresos.

Son 292 páginas de tablas, análisis e interpretaciones en las que se puede saber que el costo promedio del gas que vendieron a clientes fue de 2.91 dólares por mil pies cúbicos, que el 48 por ciento de las ventas de electricidad fueron de energía comprada a terceros o que el costo promedio de la luz comprada fue 8 centavos de dólar por kilowatt/hora.

Datos que ayudan a un inversionista a formar una idea de la salud financiera y operativa de PG&E.

Le pregunto, ¿con seis conceptos puede un accionista de la CFE evaluar su salud?

Porque -querido lector- usted y yo somos accionistas de la CFE.

Quizá funcionarios de gobierno me dirían: espérate, Meléndez, porque la CFE es una empresa pública. No compares peras con manzanas. Todas las empresas públicas dan menos información. ¡Mentiras!

Tomemos a la compañía generadora de electricidad pública más grande de EU: Tennessee Valley Authority. ¿Sabe que encontré en su sitio? Adivinó: una forma 10K igualita a la de PG&E. ¡496 páginas llenas de información útil de esta entidad pública!

Lo peor es que los "accionistas" de empresas públicas deberíamos tener más derechos en transparencia y rendición de cuentas. Finalmente, el que invierte su plata en PG&E lo hace porque quiere, mientras que a nosotros nos endilgaron a la CFE, ¿o no?

Regresemos a los resultados de "nuestra" empresa. Aún con los poquitos conceptos que se dignan a darnos, queda clarito que la CFE tiene un problemón: las pensiones.

Un 14.5 por ciento de sus ingresos se fueron a pensiones. Para que se dé una idea de lo grave del asunto: PG&E pagó sólo 4.5%.

Aparte, la empresa norteamericana tiene bien fondeaditas sus jubilaciones. Su fondo de pensiones cuenta con activos por más de 12 mil millones de dólares y goza de excelente salud. En el 2012 generó casi mil 500 millones de dólares de intereses y apenas pagó 622 millones a los pensionados. Tuvo superávit.

¡Qué envidia! La CFE en cambio tiene un pasivo laboral que supera los 450 mil millones de pesos: ¡1.4 veces sus ingresos!

No le sacaré la vuelta a la pregunta inicial: ¿bajará la luz? Aunque el que escondan información financiera no ayuda a responderla, le aseguro que no bajará. Será una promesa incumplida más, debido a que:
 
1. Ningún sindicato gubernamental suelta prenda. La CFE no bajará costos.
2. El mismo gobierno admite que en el mejor de los casos la inversión privada en el sector energético se dará hasta el 2016.
3. Estas inversiones tienen horizontes de años: pasará muuucho tiempo para que suba la oferta de gas.

Mientras tanto, tendremos que seguir conformándonos con ser accionistas de cuarta de una empresa de quinta. Qué lástima.

 
 
En pocas palabras...
"La exactitud es la gemela de la honestidad. La inexactitud, de la deshonestidad". Nathaniel Hawthorne, novelista norteamericano.
 
Jorge Meléndez 
benchmark@elnorte.com
Twitter: @jorgemelendez
 

Trabajamos para el gobierno

La mayoría de los mexicanos no formamos parte de la abultada y creciente nómina de la administración pública, pero trabajamos todos los días para el Gobierno.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, el total de mexicanos que trabajan en la administración pública equivale al 3.5 por ciento de la población, es decir, 4 millones 188 mil 784 personas.

De este total, un millón 698 mil son trabajadores del Gobierno federal. Tenemos un millón 704 mil trabajadores en los Gobiernos estatales, y en los municipios laboran otros 786 mil burócratas.

Además debemos considerar que existen un millón 230 mil jubilados activos del ISSSTE, Pemex, CFE, trabajadores jubilados del IMSS, Fuerzas Armadas y otras 23 entidades federales que, en conjunto, nos cuestan 250 mil millones de pesos cada año... y creciendo.

Increíble, pero haciendo simplemente una pequeña comparación, los recursos adicionales de la reforma fiscal que provendrán de los contribuyentes cautivos apenas y sirve para que el Gobierno pueda pagar este año el equivalente del gasto en pensiones de todos estos fieles ex servidores públicos federales, sin contar a los estatales o municipales.

Así, 6 millones de mexicanos y sus familias viven directamente del Gobierno y de los impuestos que pagamos el resto de la población.

El otro lado de la moneda es conocer quién mantiene esto. En México, con sus 120 millones de habitantes, sólo 20 millones están trabajando formalmente de acuerdo con el IMSS.

Para colmo, sólo 6 millones de mexicanos de esos 20 pagan el equivalente al 90 por ciento de todo el ISR que se recauda en México en un año.

Son los mismos 6 millones responsables de pagar el 90 por ciento de todo el impuesto a la tenencia vehicular y el ISAN, y que contribuyen con el 50 por ciento del impuesto especial de gasolinas al consumir el 50 por ciento de todas las gasolinas que se venden. Esto de acuerdo al último análisis que realizó la Secretaría de Hacienda antes de la reforma fiscal sobre la distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público por deciles de hogares y personas publicado para el año 2010.

Pero nuestro Gobierno no sabe gastar, está atrapado en una burbuja inercial de gasto corriente que hace que el 97 por ciento del gasto presupuestado en el 2013 se haya dedicado a rubros como sueldos, salarios y prestaciones sociales, pagos de servicios, materiales de administración, comunicación, arrendamiento, servicios especiales, subsidios, transferencias e intereses y gastos de deuda pública, dejando para inversión en obra pública sólo el 3 por ciento.

La reforma fiscal aprobada no prevé la reducción de esta inercia, ni el recorte de algunos elementos del gasto corriente.

Hay un aumento de inversión pública, pero sólo por este año, y lamentablemente estará ligado al aumento del déficit público que tenemos que pagar algún día.

La reforma así aprobada refleja una falta de capacidad de un Gobierno por asumir el verdadero compromiso de aumentar la recaudación haciendo que más ciudadanos paguen.

A los que pagamos impuestos, las tasas actuales son -como ya documentó EL NORTE- de las más altas del mundo. Incluso las tarifas de electricidad y de las gasolinas que pagamos son altas porque estamos pagando las ineficiencias de los gastos laborales y las prestaciones de las empresas públicas y sus trabajadores.

Es curioso que 6 millones de servidores públicos tengan mejores prestaciones y pensiones que los 6 millones de mexicanos que más contribuyen con sus impuestos a que el Gobierno funcione.

En esta relación desigual, los contribuyentes cautivos somos trabajadores directos de Hacienda.

Los que tributamos hoy el ISR en este País entregamos casi cuatro meses de nuestro sueldo a la SHCP. Es decir, trabajamos cuatro meses para el Gobierno y el resto del año ya se lo podemos dedicar a nuestro propio empleo. Vaya paradoja.

 
Vidal Garza Cantú 
vidalgarza@yahoo.com

Elogio del NAFTA (TLCAN)

La liberalización del comercio exterior de México empezó a la mitad de la década de los ochenta. Con ello, se dio término a una época de proteccionismo que duró unos cuarenta años. El proceso de apertura consistió, básicamente, en una reducción unilateral y generalizada de los aranceles (impuestos) a la importación, y en la eliminación de los llamados "permisos previos". En otras palabras, en abatir ciertos obstáculos gubernamentales a la compra de mercancías extranjeras por parte de los consumidores e inversionistas nacionales.

 

Casi diez años después, México firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) con Estados Unidos y Canadá. En este caso, la apertura fue recíproca. Así pues, NAFTA tiene ya dos decenios de existencia. El aniversario del acuerdo ha sido celebrado como un éxito por diversos comentaristas. Con toda razón.

 

Desde luego, en la realidad, NAFTA no ha tenido las consecuencias extremas que le atribuyeron, por un lado, sus promotores y, por el otro, sus detractores. El Tratado cambió, sin duda, el tamaño absoluto y la composición de las transacciones internacionales de México, y ha sido un factor determinante de su nueva estructura industrial (y regional). Sin embargo, ciertamente no constituyó "el" factor detonador del crecimiento económico acelerado y sostenido que imaginaron algunos.

 

En Estados Unidos, NAFTA ha permitido, sin discusión, una distribución geográfica más eficiente del proceso de producción de bienes, propiciando la competitividad de su planta manufacturera. Y, por supuesto, no causó la desindustrialización con la que amenazaron demagogos como Ross Perot.

 

A dos décadas de su inicio, el papel de NAFTA se sigue examinando muy frecuentemente sólo en términos de su significación en el intercambio de bienes y servicios. A menudo, el comentario se limita a una simple comparación de la evolución del saldo en la balanza comercial. Sin embargo, la cuestión de veras es mucho más compleja.

 

A lo largo del tiempo, en una economía cerrada al comercio exterior por la acción gubernamental, los precios internos se distorsionan, porque son consecuencia de una situación artificial, generada por la ausencia de competencia. Los precios "correctos", por así decirlo, son los prevalecientes en el mercado mundial. La distorsión referida se traduce en señales que inducen patrones de producción y de consumo que no son eficientes.

 

Al amparo de la protección, los oferentes pueden poner en el mercado interno bienes en cuya producción realmente no tienen una ventaja. Y, en esas condiciones, los demandantes distribuyen su gasto en función de un conjunto de precios alzados, que no reflejan la verdadera escasez de los productos. La apertura comercial sirve para realinear los precios, esto es, para eliminar o, al menos, reducir la deformación ocasionada por la intervención oficial. Es difícil exagerar la importancia de este efecto correctivo.

 

La liberalización del comercio exterior ha permitido el aumento extraordinario de la variedad y la calidad de los bienes disponibles para el consumo y la inversión. (En otras palabras, ha restituido la soberanía de los agentes económicos privados). En cuanto a lo primero, un recorrido por los pasillos de cualquier supermercado de la actualidad, basta y sobra para apreciar (con algo de memoria) la enorme ampliación del "menú" disponible para las familias. No hay duda de que ello ha contribuido al bienestar de la población.

 

Desafortunadamente, al estilo mexicano, "las cosas" no se hicieron completas. Se liberalizó el sector externo de la economía, pero la parte interna continuó plagada de restricciones. Por ejemplo, el sistema educativo nacional no ha dotado a la fuerza de trabajo de la calidad técnica necesaria para su empleo en una planta industrial de alto valor agregado.

 

Everardo Elizondo

Engaño populista

Probablemente no haya en el vocabulario del mexicano una palabra que nos haga recordar lo débiles, mal informados y malintencionados que han sido nuestros políticos con respecto a la sociedad, como "populismo".

Durante décadas esta palabra se introdujo en la práctica del Gobierno de una manera tal que disminuyó las capacidades de la población, lo mismo en los grandes programas por el campo mexicano -que siguen sin mejorar su productividad- como en los planes sociales que sólo alivian temporalmente un problema de pobreza estructural y que continúa a pesar de los cientos de millones de pesos invertidos.

Y ante la falta de auténticos liderazgos que inspiren a la población a lograr mejores condiciones de vida, los administradores de lo público se dedicaron a darnos pan y circo.

En 1994, buscando mayor participación, la sociedad motivó una reforma electoral que abrió las puertas a la ciudadanización de las elecciones. Veinte años más tarde, aterrorizados por lo que el voto libre podría acarrear, los secuestradores del poder público transaron la partidocracia. Una que hoy ha necesitado cambiar tres veces de Consejo Electoral y nunca ha reducido el presupuesto anual para los partidos políticos.

Este año México gastará alrededor de 12 millones de pesos al día vía las transferencias que el IFE envía a los partidos. Sin embargo, sin auditorías como las que el SAT practica a las empresas, los partidos políticos son hoy el bastión populista que beneficia sólo a sus miembros. Han dado la espalda a la población.

El resultado es claro en dos frentes. Primero, los partidos pagan a ciertos medios de comunicación y éstos aplauden lo que sus clientes hagan. A lo mejor me equivoco, pero no recuerdo una crítica seria al PRD por parte del diario La Jornada o una al PRI por parte de otros medios.

Segundo, no conozco un partido que critique a un Gobernador o Alcalde de sus filas, sin embargo, se esmeran en criticar a la Oposición con justificaciones baratas y sin argumentos sólidos.

Al final, lo que nos ha pasado es que todos los partidos políticos han olvidado su tarea de representar los ideales democráticos que les dieron origen, a cambio de su canonjía presupuestal y de poder.

Este círculo vicioso ha generado también Gobiernos locales que se oponen a los otros partidos, partidos que son agencia de colocación política. Y en todo esto, la sociedad sale sobrando.

El populismo es tal que abundan programas en los tres niveles de Gobierno para apoyar a los pobres que cuestan más administrarlos que el beneficio real que otorgan y que resultan botines para los políticos afanosos de autopromoverse.

Abundan subsidios para los desempleados que benefician también a los que no quieren trabajar, becas a los que no han podido estudiar -y que reprueban porque no quieren hacerlo-, sin que se conozcan los resultados medibles de estos gastos.

La diferencia entre administrar bien un Gobierno y ser un Gobierno populista está en la irresponsabilidad del futuro de las finanzas y de la población. Son programas populistas porque irresponsablemente se olvidan de manejar con cordura los programas que son para habilitar a la sociedad y hacerla más fuerte, no para mantenerla entretenida.

Hoy el afán de populismo lo vemos en las explicaciones de los Gobiernos municipal y estatal que buscan salidas fáciles a los problemas y desdeñan el análisis crítico, la revisión de indicadores, la búsqueda de información pertinente para lograr soluciones en las que la sociedad sea protagonista, no limosnera.

El gobernante es mandatario, nosotros somos los mandantes. No hay que olvidarlo.

Sin embargo, parece que todos los días nuestros Gobiernos y sus políticos se encargan de buscar que se nos olvide quién manda con el engaño populista de sus discursos y pésima administración pública.

Vidal Garza Cantú 
vidalgarza@yahoo.com

Tirar dinero al campo

“Enfatizar el resultado es la clave para aumentar la productividad, mientras que incrementar la actividad puede resultar en lo opuesto". Paul Gauguin
  
Al igual que el año pasado, el Presidente Enrique Peña Nieto utilizó el aniversario de la Ley Agraria de 1915 para reiterar su compromiso de impulsar "una profunda reforma en el campo, que lo ponga al día y que lo haga más competitivo". La verdad, sin embargo, es que una de las principales razones de la pobreza del campo es precisamente esa ley redactada por Luis Cabrera y promulgada por Venustiano Carranza el 6 de enero de 1915.

Tirar dinero al campo no ha servido para resolver los problemas de la improductividad o la pobreza. El Presidente se vanaglorió este 6 de enero que en 2014 la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) "ejercerá el presupuesto más alto de su historia: 82 mil 900 millones de pesos". Esto representa un aumento de 7 mil 500 millones de pesos, casi 10 por ciento, sobre 2013. Si se considera el gasto de todas las dependencias y programas, el Gobierno federal "apoyará al campo con más de 338 mil 600 millones de pesos... Este monto supera en 32 mil 700 millones de pesos al que se tenía al inicio de esta Administración".

Los Gobiernos mexicanos, es cierto, han incrementado de manera espectacular los presupuestos para el campo. El gasto de Sagarpa se ha elevado de 15 mil 128 millones de pesos en 1995 a 75 mil 111 en 2013 según el apéndice estadístico del Primer Informe de Gobierno. La cifra de 2013 es cinco veces superior a la de 1995. En contraste, la producción de los 52 principales cultivos de nuestro país, que representan el 95 por ciento del total nacional, pasó de 123 millones a 185 millones de toneladas, un aumento de apenas 50 por ciento en 18 años.

Si por gastar fuera, México sería campeón mundial en producción agrícola y en muchas otras actividades. Como he señalado antes, el gasto público para combatir la pobreza subió de 15 mil 888 millones de pesos en 1994 a 310 mil 302 millones en 2012, casi 20 veces en 18 años. En ese periodo, sin embargo, la pobreza se redujo apenas de 52.4 a 52.3 por ciento de la población.

Los políticos tienen un incentivo perverso para aumentar el gasto gubernamental, ya que de él obtienen poder y construyen su patrimonio, pero no para resolver los problemas sociales. De hecho, les conviene mantener los problemas porque eso les permite justificar más gasto. El que en 2014 el presupuesto gubernamental esté alcanzando los niveles más altos de la historia no significa que se vayan a resolver los problemas del país.

Ni la falta de productividad ni la pobreza del campo se superarán por el gasto. El único resultado será una mayor burocracia y un mayor desperdicio de recursos. El obstáculo fundamental para el aumento de la productividad del campo mexicano es esa misma Ley Agraria que el Presidente estaba festejando con la Confederación Nacional Campesina el 6 de enero. Esta ley ha generado la falta de derechos de propiedad y la fragmentación del territorio nacional que han debilitado el agro mexicano.

El 59 por ciento de la tierra en México es ejidal o comunal. Cada ejidatario tiene 29 hectáreas para producir. En el sur del país los predios se reducen a 5 hectáreas. Las dificultades para adquirir tierra ejidal y consolidar unidades de producción de mayor tamaño son enormes. Ahí radica el meollo del problema.

Si el Presidente realmente quisiera aumentar la productividad agropecuaria, tendría que derogar todo el entramado surgido de la Ley Agraria de 1915 y crear un sistema de propiedad privada rural como el que existe en los países con éxito en esta actividad. Pero siempre es más fácil, y más provechoso para los políticos, aumentar el gasto público.

 Sergio Sarmiento

www.sergiosarmiento.com