Inflación bolivariana

Venezuela (perdón, la República Bolivariana de Venezuela) tiene la dudosa distinción de ser la economía con la mayor inflación en América Latina. Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, los precios al consumidor podrían aumentar este año algo así como 25 por ciento. Dicha cifra significaría la continuación de un proceso que tiene más de una década en curso, según se puede apreciar en la gráfica que acompaña a este artículo. En el periodo referido, el nivel de los precios se ha multiplicado ¡por un factor de 10!

Frente a tamaño desastre, el Presidente Hugo Chávez hizo expedir una "Ley de Costos y Precios Justos", a la que atribuyó recientemente (oct. 17) carácter de "vital" para el socialismo, ordenando al respecto "terminar de quebrar (!) todas esas redes que todavía tiene la burguesía" y que son "vicios del capitalismo". La dócil Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional señaló que el objetivo de la Ley es "garantizarle a la mayor parte de la población... el acceso a los bienes y servicios en igualdad de condiciones y a un precio justo". La Comisión agregó que el Estado debe corregir las distorsiones especulativas creadas por los monopolios y oligopolios.

El director del Banco Central de Venezuela aclaró (nov. 22) que se van a monitorear sólo algunos sectores de la economía, lo cual involucra algo así como 500 mil precios. Reconoció, sin embargo, que si se evalúa la estructura de costos, la cifra anterior puede llegar a un millón 500 mil precios, lo que hace "complicado", pero no imposible, su seguimiento. (Sí, claro).
 
No hay nada nuevo bajo el sol, dice el Eclesiastés, y en cierto sentido tiene razón. Pero, como agregó Ambrose Bierce con realismo, hay mucho de lo viejo que no conocemos (o que escogemos ignorar).

En efecto, una y otra vez a lo largo de la historia, los errores de política económica (monetaria) han conducido a brotes de inflación más o menos graves -en América Latina, en particular, han sido gravísimos. Y, una y otra vez, los gobiernos responsables del fenómeno han recurrido a toda suerte de explicaciones peregrinas -más o menos las mismas que están ofreciendo ahora las autoridades venezolanas: la especulación de los inescrupulosos, el poder de los monopolios, las leyes inexorables del injusto sistema económico, etcétera. Y, por supuesto, en lugar de atacar las causas del problema, se ocupan de sus manifestaciones, por medio de decretos arbitrarios que pretenden controlar los precios oficialmente.

El caso actual venezolano es un ejemplo más del destino de los regímenes populistas. Por lo común, primero desquician las finanzas públicas y, ya en el tobogán, recurren a la impresión de dinero para financiar los desequilibrios. Cuando la inflación monetaria se traduce en inflación de los precios, buscan culpables fáciles y tratan de reprimir el fenómeno usando la fuerza. Esta secuela fue descrita con maestría por varios autores hace 20 años, en un libro que, por desgracia, parece que nunca llegó a las manos de los diseñadores y hacedores de la política económica bolivariana. (Dornbush, R. y Edwards, S., editores, 1991. The Macroeconomics of Populism in Latin America. Chicago: The U. of Chicago Press). Es una pena, porque el final de la historia populista es invariable: tarde o temprano, hay que parar la espiral viciosa, empleando para ello un programa de ajuste más o menos clásico: bajar el gasto público, liberar los precios y, por supuesto, dejar de emitir dinero en exceso. Los "pagadores" son, como siempre, los de abajo, en la forma de una caída de los salarios reales. El desenlace del drama venezolano se ha pospuesto debido al inusual auge petrolero, pero es inexorable.

En México conocemos bien el proceso anterior, "gracias" a los experimentos populistas de Echeverría y López Portillo. Sólo muy tarde nos enteramos que "arriba y adelante" era en realidad un pronóstico de la inflación, y que "administrar la riqueza" era una divisa para uso personal.

En tiempos electorales, no sobra recordar ciertos episodios. Por si acaso.

Everardo Elizondo

 

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Los excesos causados por los políticos populistas eventualmente se regresan de forma negativa sobre los más pobres en forma de inflación. Ya lo hemos visto muchas veces en México durante décadas, y en otros países. Lamentablemente la gente que menos tiene es también la que menos o nula educación tiene. Y ante su desesperación por la pobreza son presa fácil de los políticos sin escrúpulos que les compran sus votos por una torta, un refresco, gorras y camisetas. Otros caen presa de las promesas demagógicas de servicios baratos, subsidiados, salarios mínimos altos por decreto, o promesas de crear millones de empleos de la nada. Sin embargo no hay lonche gratis y la inflación, la crisis, tarde que temprano llega y los pobres lo siguen siendo.

Hacia adelante

"Las presiones cotidianas -escribió Kissinger- tientan a pensar que un problema pospuesto es un problema evitado; más frecuentemente, es una crisis creada". Así estamos con la posposición continua de soluciones al tema del crecimiento de la economía.

Una pregunta clave para nosotros es: ¿por qué no crece la economía? O, puesto en otros términos: ¿por qué crecía la economía en los 60 y qué hace que no podamos reproducir esas condiciones en la actualidad? Si le hacemos esta pregunta a un economista, su respuesta va a ser técnica y probablemente correcta, pero luego de diversos intentos, muchos de ellos contradictorios, el crecimiento sigue siendo raquítico. Años de observar este fenómeno me han llevado a la conclusión de que la causa del estancamiento relativo (porque la economía está creciendo bien en la actualidad) se debe a la ausencia de ciertos componentes clave, pero sólo unos cuantos de los cuales son materia de reforma. El problema principal reside en la ausencia de certidumbre.

Remitirnos al pasado quizá nos permita comprender qué es lo que hacía que la economía creciera de manera sostenida y por plazos prolongados en los 50 y 60 pero no ahora. Planteado el problema de esta manera podremos encontrar explicaciones que trascienden lo estrictamente técnico. Si uno observa cómo es que economías como la japonesa o coreana pudieron crecer a tasas tan elevadas por tantos años a pesar de sus severas deficiencias estructurales internas, resulta evidente que las explicaciones económicas, a pesar de ser clave, no son suficientes. Para que se dé el crecimiento tiene que haber más que una estructura saludable; también tiene que existir una sensación entre los empresarios e inversionistas de que el País tiene claridad de rumbo, que esa dirección es compartida, al menos en lo elemental, por el conjunto de las fuerzas políticas y que la inversión privada es percibida como necesaria y, más que eso, como un componente crucial del desarrollo del País.

En los 50 y 60 existía un marco de estabilidad macroeconómica que garantizaba una plataforma clara para el crecimiento e impedía que hubiese crisis cambiarias frecuentes. Más al punto, existía un entendimiento implícito entre el Gobierno, los políticos y el empresariado sobre las reglas del juego para la inversión. Es decir, existía una colaboración implícita entre el Gobierno y los empresarios, que esencialmente consistía en una división del trabajo: el Gobierno creaba condiciones propicias para el crecimiento, particularmente a través de inversión en infraestructura, en tanto que el sector privado realizaba inversiones productivas en fábricas, servicios y demás. Desde luego, estamos hablando de una economía cerrada en una era en que casi todas las economías eran cerradas. Pero lo evidente cuando uno echa la mirada al mundo es que la clave no es lo específico de la estrategia de desarrollo, sino la certidumbre.

La clave, o una clave fundamental, del éxito del proceso de industrialización del pasado residía en la existencia de un pacto implícito con anclas profundas y trascendentes: detrás de la división de funciones se encontraba un arreglo institucional, un conjunto de reglas que eran transparentes, así fuesen implícitas, para todos los participantes. Esas reglas no sólo implicaban que el Gobierno se autolimitaba en su alcance y en el tipo de políticas que podía instrumentar, sino que demarcaba su ámbito de influencia de una manera nítida y transparente.

La era del crecimiento económico apuntalado en ese tipo de arreglos implícitos, alta rentabilidad y reglas del juego claras se colapsó en los 70 en buena medida porque el Gobierno desconoció el pacto implícito y comenzó a alterar las reglas del juego: desapareció la estabilidad macroeconómica, dio vuelo a una era de inflación, impuso controles de precios, absurdas regulaciones, subsidios, restricciones a la inversión y las expropiaciones. Todo esto violó los términos del pacto implícito que por tantos años le había dado fortaleza a la economía y certidumbre al sector privado. Lo impactante es la longevidad de la era de desconfianza que de ahí nació.

El tema clave es cómo recrear el pacto que establecía las reglas del juego con nitidez y que fue fundamental para lograr años de crecimiento económico elevado y sostenido. Cómo, en otras palabras, construir el andamiaje institucional que le permita al País tomar las decisiones que urgentemente requiere su desarrollo tanto en el ámbito político como en el económico.

Una parte del problema yace en la diversidad de autoridades que tienen jurisdicción sobre la actividad de una empresa, cada una con su lógica y motivación, pero todas ellas demandantes de satisfacción burocrática. Esto es lo que afecta más que nada al empresario pequeño. Pero quizá la parte más importante reside en la percepción de que no existe una dirección de largo plazo para el País, que las fuerzas políticas no tienen un compromiso con un objetivo común y que, por lo tanto, la viabilidad del País está siempre en entredicho. Este no es un problema de regulación, sino el problema político central del País.

En esta dimensión, sólo un pacto político que comprometa a las fuerzas políticas con un objetivo común y con el respeto de las reglas para avanzar en esa dirección podría comenzar a construir la confianza que requiere toda sociedad para prosperar. Algunos de los participantes en semejante pacto quizá requirieran eliminar privilegios o consolidarlos, pero ésos son distractores. México requiere un pacto explícito porque los implícitos ya dieron de sí. Además, un pacto de esa naturaleza tendría que ser coherente con las circunstancias y realidades del mundo de hoy: con la globalización, los tratados de libre comercio y los requerimientos de los potenciales inversionistas de quienes depende, a final de cuentas, el crecimiento de la economía y del empleo.

Mas allá del euro, el proceso de integración europea es muestra fehaciente de que un entorno legal y político certero y propicio para el crecimiento es la mejor receta para el desarrollo integral de un país. Es evidente que no somos europeos, pero también es evidente que los países que han prosperado en las últimas décadas lo lograron gracias a que crearon un entorno de predictibilidad que confiere certidumbre. Sin eso no hay nada.

Si queremos recuperar la capacidad de crecimiento económico, tenemos que crear un nuevo pacto político y éste sólo es posible a través de un marco legal que se cumple y a prueba de abuso. Esto ciertamente no se construye de la noche a la mañana, pero mientras no comencemos a desarrollarlo, nunca llegaremos ahí.

Luis Rubio 
www.cidac.org

 

El menos peor

Hace unos días envié una columna de "Juan Ciudadano" que se publicó en El Norte que hablaba sobre las promesas huecas de los candidatos y en la que se invitaba a revisar lo que los candidatos habían hecho en sus puestos anteriores para decidir su voto. Al final hice algunos comentarios donde reforzaba el argumento del columnista y ponía como ejemplos a López Obrador y a Peña Nieto.

Recibí varios comentarios de algunas personas criticando que no había dicho nada de algún panista e incluso se me dio el argumento de que el PAN ya había tenido "2 oportunidades" y que no había podido, que el PRI no era opción y que por lo tanto había que probar con el PRD que nunca había gobernado.

Primero hay que aclarar que el PAN aún no define candidato como los otros dos. Hace ya varias semanas publiqué en Twitter y en Facebook el siguiente comentario: "Si fuera perredista votaría por Ebrard. Si fuera priísta por Beltrones, y si fuera panista por Vázquez Mota", pues de los precandidatos en ese entonces eran los "menos peores" de cada partido. Hoy sabemos que perredistas y priístas han seleccionado al peor de sus opciones, y el PAN aún no decide, y ya tiene una cuarta opción, Javier Livas, que ahora resultaría no sólo el menos peor, sino que sería una excelente opción. Lamentablemente Livas no tiene el peso al interior de su partido y es un completo desconocido para la mayoría de la población, por lo que es casi un hecho de que no ganará la elección interna panista.

Al igual que en el 2006, nuevamente los partidos están escogiendo opciones muy malas, pésimas, y nos están orillando a votar por el menos peor. No me gusta este tipo de decisión, no me satisface. Pero lamentablemente no hay opciones. Algunas personas que se mantienen informadas y que tampoco quieren escoger al menos peor han decidido anular su voto. Otros son apáticos de la política y nunca votan, les da igual, son los abstencionistas. Quienes decidan anular su voto tienen todo mi respeto, no así los abstencionistas. Anular el voto es una decisión razonada, valiente, y que al menos da la tranquilidad personal de que no se respalda, que no se aprueba a la partidocracia que tenemos. Quienes sí van a las urnas y anulan su voto si tiene derecho a opinar y criticar a todo el sistema. No así los abstencionistas.

Pero lamentablemente, con la Ley Electoral vigente en México, anular el voto tampoco logra nada. Por ahí circulan varios correos que invitan a anular el voto, incluso algunos dicen, erróneamente, que si se anula la boleta para senadores no habría senado y se ahorraría dinero. Los votos nulos no se cuentan, es falso que si hay 20% de votos nulos se anula una casilla. Anular el voto sólo le da tranquilidad, paz mental a quien lo anula de no respaldar a ningún partido. Pero no se lograrán cambios ni mejorará el sistema político, y menos el país. Si en países como España, donde si está legislado el voto nulo o blanco, en las elecciones generales que tuvieron en días pasados, a pesar de un desempleo de más del 20% de la población económicamente activa, y a pesar de que ahí nació el movimiento de "los indignados" que reniegan de todo el sistema político, el voto nulo no logró nada, más que ganara el Partido Popular, de la derecha, por amplia mayoría y que gobernará sin contrapesos los siguientes 4 años.

Y eso es lo que el voto nulo y el abstencionismo hacen, potencializar el voto de los partidos que más voto duro, más acarreados, tienen. Con la legislación actual aunque los votos nulos fueran mayoría la elección sería válida, legal. De todos modos alguien ganará y ese alguien gobernará y administrará, se gastará, el Erario, nuestros impuestos. ¿Cuál es el objetivo entonces del voto nulo? Quienes lo promueven insisten en que es un castigo, una protesta contra la partidocracia. Pero a los políticos ni les importa, al contrario, los votos nulos aumentan los porcentajes con los que se calculan las prerrogativas que reciben del Erario. Para mí el voto nulo sólo da tranquilidad mental personal, nada más.

¿Y que logra votar por el menos peor? Quizá tampoco logre gran cosa, sobre todo porque gane quien gane no lo hará con mayoría en el Congreso, como ha sucedido desde la elección del 2000. Sin mayoría en el Congreso quien gane la presidencia no podrá pasar su agenda política en automático y si la oposición lo decide podrá bloquear todo, como ha sucedido en los últimos 11 años. ¿Entonces? Bueno, hay algo que si puede hacer el ejecutivo aunque no tenga mayoría en el Congreso: proponer la agenda de temas a nivel nacional, así como llevar mano en el gasto gubernamental federal, que en un país tan centralizado como el nuestro, es bastante.

Es por esa razón que escoger al menos peor aumenta las probabilidades (no garantiza) de que el Erario se gaste de manera racional (sin mucho endeudamiento, sin tanto déficits) y que el debate nacional se incline hacia las reformas estructurales, hacia propuestas que pudieran permitir que el país avance en la dirección correcta. No hay garantía, como ya se vio en los dos últimos sexenios, pues al no haber mayoría en ese sentido en el Congreso, las reformas no pasan o si se aprueban son mutiladas o sólo quedan en buenos deseos. Pero al menos se propusieron y discutieron. Tuvieron una oportunidad.

En cambio si gana el peor, que tampoco lo haría con mayoría en el Congreso, el debate nacional, las propuestas presentadas al Congreso, los presupuestos anuales, se inclinarían hacia opciones populistas, demagógicas, déficits mayores, y un riesgo mayor de perder la estabilidad macroeconómica que hemos gozado (aunque a la mayoría parece que se les han olvidado las épocas de crisis recurrentes, inflaciones de 2 y 3 dígitos, devaluaciones, cero crédito) en los últimos 15 años.

Cuando se habla de escoger el menos peor normalmente los argumentos giran en torno a quién tiene una cola más larga que le pisen, a quién tiene más larga la historia de corrupción. Y claro que eso es una variable importante a evaluar. Pero en la política mexicana (y yo diría que la mundial, ahí tenemos los casos de Italia, Grecia, España, Francia, Brasil, EUA, y un larguísimo etcétera) no hay partido que no tenga sus muchísimas historias y casos bien documentados de corrupción, nepotismo, autoritarismo, opacidad, de sus militantes. Por lo que tratar de identificar al menos peor, al menos sucio, en el ámbito de corrupción sería una tarea muy difícil sino que imposible. Y por lo tanto se vuelve hasta cierto punto inútil.

Aún más inútil, sino que ingenuo y hasta pueril, es decidir el voto en base a oportunidades con argumentos como "ya tuvo dos oportunidades no merece otra" o "nunca ha gobernado en la grande así que merece una oportunidad". Todos los partidos, aún el PRD que no ha ganado la presidencia, han demostrado sus debilidades, la valía (o minusvalía) de sus militantes y líderes "distinguidos". Cualquiera que tenga 2 dedos de frente tiene la capacidad de imaginarse el resultado sin tener que probar a alguien simplemente porque no ha tenido la oportunidad, sobre todo cuando en su discurso (ya no hablemos de su actuar) traen propuestas que ya sabemos en carne propia (al menos quienes vivimos al menos una de las muchas crisis que se vivieron en los 30 años anteriores a la última década) son una apuesta segura al fracaso, al exceso gubernamental, deudas, inflaciones, y a incrementar aún más a la gorda burocracia. Yo no necesito darle la oportunidad a alguien que nunca la ha tenido para saber que lo que propone profundizaría aún más el retraso que tenemos.

¿Qué necesidad tenemos de que el debate nacional, las iniciativas en el Congreso, se alejen de las reformas estructurales que tanto se han postergado y que tanto necesitamos? Podrán decir que no pasará nada porque nadie tiene mayoría en el Congreso y no se aprobará nada. Quizá así sea, pero ¿si en una de esas nos toca la de malas y se aprueba? Los legisladores ya han demostrado también que, aún y cuando son 628 personas, muy seguido se ponen de acuerdo para aprobar reverendas estupideces. Hay mucho populismo, demagogia, entre los legisladores cuyo mayor interés es quedar bien con sus cúpulas partidistas para asegurar el siguiente hueso. Yo la verdad prefiero no correr ese riesgo.

Como electores en una partidocracia no nos queda más que votar pensando en inclinar las probabilidades hacia el lado donde quizá se aprueben las reformas estructurales que eventualmente nos permitan crecer a un mayor ritmo, que quizá permitan más inversión productiva que es la única que genera empleos (no se crean por decreto presidencial, aunque sea el mesías), que quizá limiten los monopolios empresariales (públicos o privados) así como los sindicales. Debemos intentar inclinar la balanza pensando en una reforma laboral que flexibilice el mercado de trabajo y que acaben con los monopolios sindicales y los líderes ricos y obreros pobres. Debemos pensar en una reforma energética que permita inversiones en electricidad e hidrocarburos que generen empleos, más competitividad en el sector. Una reforma fiscal que premie la inversión privada, y que grave al consumo, eliminando los subsidios generalizados que sólo benefician a los que más gastan (que son los que más tienen). Hay que pensar de qué lado podría darse una reforma política que permita candidaturas independientes, segunda vuelta, reelección, que disminuya el poder de las cúpulas partidistas (menos partidocracia) y aumente la del ciudadano (más democracia) y libertad de expresión total política.

En resumen, de qué lado están las propuestas liberales, modernizadoras, para votar por ellas, y no aumentar las probabilidades del grupo de políticos que han dominado el debate nacional en la mayor parte de los últimos 40 años hacia el conservadurismo (mantener el status quo), de que todo siga igual, privilegiando a sindicatos, burócratas, políticos, y empresarios  que viven de extraer rentas (y no hablo de corrupción) del Erario, de los ciudadanos. Yo no necesito darle la oportunidad a alguien que ya dijo, por ejemplo, que resucitaría a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro para que los flojonazos del SME y su millonario líder Martín Esparza sigan sangrando al Erario con un pésimo servicio para la ciudadanía. ¿Qué necesidad? Medítenlo.

 

Dany Portales

http://no-al-populismo.blogspot.com

 

Dañina ayuda (repartir o generar riqueza)

"La ayuda ha sido, y sigue siendo, un desastre político, económico y humanitario". Dambisa Moyo

Las naciones ricas han entregado cientos de miles de millones de dólares, quizá billones, a los países pobres desde hace cuando menos medio siglo. Sin embargo, las naciones pobres no sólo siguen siendo pobres, sino que se han empobrecido más. La razón es que la asistencia, en vez de ayudar, perjudica a los pobres. Esto lo dice una brillante y joven economista africana llamada Dambisa Moyo.

El campo de la ayuda internacional ha sido tradicionalmente dominado por ricos blancos de las naciones más prósperas, desde el economista Jeffrey Sachs hasta el empresario Bill Gates y estrellas del rock como Bono o Bob Geldof. Por eso asombra que una mujer negra -doctora en Economía de Oxford, originaria de Zambia, a quien recientemente escuché en la Ciudad de las Ideas en Puebla- llegue a romper esquemas.

La Dra. Moyo señala algo que hace mucho tiempo debieron haber notado los políticos y empresarios que han arrojado tanto dinero a África y otras naciones pobres. En las últimas tres décadas el crecimiento promedio anual de los países que más ayuda extranjera han recibido ha sido negativo, de -0.2 por ciento. Entre 1970 y 1998, cuando la ayuda a África alcanzó su máximo nivel, la tasa de pobreza en el continente subió de 11 a 66 por ciento de la población.

Las buenas conciencias, como Sachs, Gates o Bono, han argumentado que el problema es que hay que aumentar la ayuda. La Dra. Moyo afirma que esto sólo agravaría la pobreza. Las fuertes inyecciones de dinero del exterior destruyen los incentivos para el trabajo y la inversión productiva; generan dependencia, corrupción e inflación; y producen competencia desleal para los empresarios locales, que no tienen la posibilidad de contratar mano de obra o ejecutivos calificados ante las cantidades que pagan las organizaciones extranjeras.

"Ningún país en la historia ha logrado generar crecimiento por la ayuda del exterior", apunta Moyo. Países como Corea del Sur y Taiwán, que tenían niveles de desarrollo inferiores a los africanos en la década de 1950, han alcanzado hoy una prosperidad cercana o superior a la de los ricos, pero no por haber recibido asistencia, sino por las inversiones productivas, el comercio internacional y la adopción de un sistema de mercado.

"La economía de mercado no es perfecta -dijo en Ciudad de las Ideas-, pero es el sistema que ha creado crecimiento, prosperidad y libertad política".

Para Dambisa Moyo la actual crisis económica de Europa y Estados Unidos es una gran oportunidad. En un momento en que las naciones ricas están teniendo problemas propios, es lógico esperar una disminución en el flujo de ayuda. Esto hará más fácil que se desarrollen empresarios e inversiones locales en los países pobres.

Otra oportunidad es la irrupción de los chinos a la economía internacional, los cuales están llegando a los países en vías de desarrollo con el ánimo de hacer inversiones y negocios antes que de otorgar ayuda. Su apetito por materias primas está generando el primer crecimiento en mucho tiempo en las naciones pobres.

Los ricos filántropos y economistas blancos no quieren dejarse convencer por una africana. Dar ayuda a los pobres es, después de todo, una forma de aliviar una conciencia culpable; poco importa que haga más daño que bien. Pero si los blancos ricos no están dispuestos a escuchar lo que les dice una joven economista negra, quizá debieran revisar los desastrosos resultados de medio siglo de ayuda internacional.

Más juanitos
Andrés Manuel López Obrador ha propuesto que los líderes de los partidos de izquierda se postulen como precandidatos presidenciales para renunciar cuando termine la precampaña. Se repetiría así a nivel nacional el esquema de Juanito para dar la vuelta a una ley que impide el uso de medios para un candidato de unidad. Mejor sería tener una legislación electoral menos restrictiva.

Sergio Sarmiento
www.sergiosarmiento.com

 

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Si se pretende repartir la riqueza dizque para disminuir la desigualdad, sin ningún criterio que considere los méritos de cada quien, nunca habrá dinero suficiente para acabar con la pobreza. La única forma sustentable para combatir la pobreza es generando riqueza y que se comparta de manera proporcional al esfuerzo de cada quien.

Disquisiciones

David Lurie, protagonista de la novela "Desgracia", de Coetzee, parece dedicado en cuerpo y alma a cortejar un desastre en su vida, hasta acabar despedido de su empleo como profesor y desquiciado en su familia. Ante la desgracia, concluye que "cuando todo lo demás falla, dedícate a filosofar". Algo así estoy tentado a hacer cuando pienso en un tema que desde hace tiempo me intriga y preocupa: la relación educación-empleo que caracteriza al País.

El comportamiento del mercado de trabajo en México es exactamente opuesto al estadounidense y me pregunto por qué. Aquí el desempleo de graduados universitarios es mayor que el promedio, en tanto que el desempleo de personas con educación secundaria es inferior. En Estados Unidos el desempleo promedio es 9 por ciento, pero la cifra asciende a 15 por ciento para quienes tienen estudios de preparatoria o menos, en tanto que es de 4.3 por ciento para los egresados universitarios.

Siempre que hablamos de los migrantes hacia Estados Unidos decimos que se trata de un solo mercado laboral y que los mexicanos que se mudan a ese país lo hacen porque hay oportunidades de empleo, como atestigua la evidencia empírica. Si es un solo mercado, ¿por qué se comporta tan distinto el índice de desempleo? Un segundo tema es el relativo al perfil de los graduados universitarios. ¿Por qué hay tantos graduados de disciplinas sociales respecto a los de las ingenierías y ciencias duras? Finalmente, qué nos dicen estos factores de la economía mexicana: ¿hay algo en la relación educación-empleo que nos permita entender mejor la naturaleza de nuestros desafíos económicos?

En "Profesionistas en Vilo", Ricardo Estrada estudia la matrícula universitaria en el País a lo largo del tiempo y analiza la forma en que ha cambiado el perfil del estudiante y su relación con el mercado laboral. Tomando la perspectiva del estudiante que aspira a integrarse al mercado, concluye que "el título universitario ha dejado de ser pasaporte a una vida profesional estable y bien remunerada", pero, "si se entiende a la educación profesional como una inversión, las oportunidades son tan grandes o mejores que antes".

Estrada propone que parte del problema del desempleo de los egresados universitarios es que "el perfil de los candidatos no está en sintonía con lo que los empleadores buscan... Una preocupación central es que el grueso de los profesionistas ha estudiado carreras con pocas oportunidades laborales". ¿Por qué han estudiado carreras con poco potencial de encontrar empleo? Una hipótesis es que las carreras que se consideran "fáciles" tienden a ser compatibles con un empleo simultáneo: el estudiante opta por una carrera que le permita trabajar y estudiar bajo la premisa de que el mero título le permitiría obtener un mejor empleo. Otra versión sería que las becas universitarias han incentivado el estudio para obtener un ingreso (como si fuera un empleo) y no por vocación. La carrera "fácil" acaba siendo atractiva aunque no conduzca a un buen empleo. También es posible que la enseñanza secundaria de materias clave como matemáticas sea tan deficiente que los aspirantes a un título acaban conformándose con algo que no es su vocación.

Por el lado de los empleadores, aparecen dos mundos muy contrastantes. En general, están las empresas más exitosas que se abocan a elevar sistemáticamente su productividad para reducir costos y elevar utilidades y que tienden a contratar al personal más calificado, del que esperan una contribución para seguir incrementando su productividad. Ahí se concentra la mayor parte de las ofertas de empleo para universitarios con credenciales compatibles con la demanda de habilidades.

La perspectiva es muy distinta en el resto de la economía, igual entre empresas industriales que de servicios. Para las empresas que no enfrentan competencia significativa o que han construido barreras que las protegen, no hay presión por elevar la productividad, reducir costos o ser más competitivos. Estas empresas contratan al personal que requieren, típicamente aquél con menores niveles de educación.

Tenemos un mundo bifurcado donde conviven dos economías distintas: una sumamente competitiva que requiere al personal más calificado y con las mejores credenciales profesionales y otra que demanda empleados manuales. Aunque la primera contribuye más al crecimiento de la economía, la segunda concentra a la mayoría de personas empleadas. Como dice Macario Schettino, la mayoría de los trabajadores mexicanos son poco productivos y por eso tienen ingresos bajos. Y quienes los emplean también agregan poco valor y por eso son empresas de baja productividad y así es su contribución al desarrollo.

Resulta patético el debate político respecto al futuro de la economía. La disyuntiva teórica que enfrentamos implicaría optar entre la economía moderna que crece, pero emplea a un porcentaje bajo de demandantes o la economía del pasado que emplea al mayor número. Se trata de una disyuntiva falsa, pero lo sorprendente es cuántos políticos suscriben la noción de apostar por la economía vieja e improductiva. Me parece evidente que la apuesta que el País tiene que aceptar y asumir es por una economía moderna, competitiva y susceptible de generar más empleos, cada vez más productivos y mejor pagados. El problema no reside en que los políticos y funcionarios sean incapaces de entender el dilema, sino que su percepción es que sus propios costos de actuar serían demasiado elevados.

Apostar por una planta productiva moderna entrañaría eliminar obstáculos a la producción para igualar el terreno para todas las empresas, es decir, eliminar los mecanismos arancelarios, regulatorios y de otro tipo que mantienen aislada y protegida a una parte importante de nuestra industria y a los oferentes de servicios en la economía. Contra lo que muchos podrían suponer, la protección perpetúa un mundo improductivo que se traduce en salarios bajos, incertidumbre y un daño permanente al consumidor. La verdadera alternativa es entre un país que crece y se desarrolla y uno que se muere de a poquito.

Luis Rubio
www.cidac.org

 

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Las reformas estructurales son esos cambios que nos permitirían avanzar como país, tomar de lleno la modernidad, la competitividad, la productividad. Son los políticos populistas quienes impiden los cambios en el país, pues por conseguir votos, por mantener sus canonjías, por mantenerse pegados a la ubre del Erario, esos populistas mantienen sectores de la economía cerrados, protegidos, subsidiados. Mantienen la pobreza, la administran. Por eso no quieren la apertura.

La raíz de la crisis

Los grandes jugadores financieros cuyas acciones colocaron a la economía global al borde del colapso en 2008 tienen mucha culpa de la crisis económica actual, pero su verdadera raíz está en las políticas gubernamentales que otorgaron "derechos" sociales, facilitaron el alza del crédito y fomentaron la toma de riesgos financieros en los países desarrollados.

El problema fundamental en Estados Unidos, como en Europa y muchos otros países son las políticas públicas y las promesas irresponsables de gobiernos que ofrecen a sus ciudadanos beneficios sociales, educativos y de salud, sin considerar la forma en que van a financiarlos.

El propósito es, a fin de cuentas, obtener votos de los electores y ocupar un puesto público, dejando a gobiernos y generaciones futuras la tarea de lidiar con las dificultades que crean esas promesas irrealizables.

La crisis de Estados Unidos en 2008 tuvo su origen en años de una política de tasas de interés artificialmente bajas, sostenidas por una entrada masiva de recursos del exterior, particularmente dinero de los países árabes y China, lo que favoreció un alza sin precedentes en el gasto de consumo a crédito de las familias.

Las políticas públicas del gobierno estadounidense favorecieron, además, el crecimiento desordenado del crédito hipotecario barato que, a la postre, fue un factor clave de la crisis financiera.

El nivel de deuda gubernamental actual en Estados Unidos y las perspectivas de su déficit público en el corto y mediano plazo dejan como única política fiscal responsable la disminución del gasto y el alza de impuestos.

Esto significa que la sociedad estadounidense tendrá que aceptar mayores gravámenes y una reducción en los "derechos" asociados a los programas de bienestar social como Medicare y Medicaid, así como al nuevo programa de Salud del Presidente Obama, que representarán más de la mitad del gasto gubernamental en el 2020.

La crisis de deuda soberana en Europa tiene orígenes similares. Los gobiernos de las naciones europeas han sido en extremo generosos con sus poblaciones. La expresión más elocuente del reparto desordenado de "derechos" sociales es Grecia, que desde hace años se encuentra en la insolvencia.

Hoy la salida de su abismo financiero requiere de años de penosos sacrificios de su gente, entre los que destaca la renuncia a muchos de esos "derechos" que creen tener los griegos, como es la jubilación a la edad de 55 años.

No extraña, por tanto, que el gobierno griego enfrente creciente oposición a su programa de austeridad, al grado que la semana pasada su entonces primer ministro, George Papandreou, que renunció el fin de semana, sorprendiera al mundo con su decisión unilateral de someter a un referéndum (que posteriormente canceló) los recortes presupuestales que les darían acceso al paquete de ayuda financiera.

Grecia es el caso más patético y visible de la crisis de deuda soberana en Europa, pero no el único. Otros países, como Portugal e Irlanda, se encuentran en una situación parecida. Sin embargo, hoy la atención se centra sobre Italia y España, cuyos gobiernos han sido también muy generosos a la hora de repartir beneficios y otorgar "derechos" sociales a sus ciudadanos.

Estos países no tienen un problema de solvencia, pero enfrentan cada vez mayores obstáculos en los mercados financieros, por lo que tampoco podrán evitar recortes importantes en esos "derechos".

El primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, llegó con las manos vacías a la reunión del G-20 en Cannes la semana pasada. El parlamento italiano no aprobó el aceleramiento del programa de austeridad y los recortes de "derechos" sociales necesarios para restaurar la confianza de los mercados.

Esta semana aceptó irse cuando se apruebe el programa de austeridad que le piden los países fuertes de la eurozona, pero las dudas al respecto golpearon ayer a los mercados financieros sin que por ahora se vea cómo saldrá Italia del embrollo en que se encuentra.

En España habrá cambio de gobierno este mes. Mariano Rajoy será el próximo primer ministro y presidirá una nación con desempleo cercano al 23 por ciento, cuyos bancos tendrán que digerir sus activos tóxicos vinculados al sector hipotecario, y que está al borde de otra recesión. El entorno, como se ve, tampoco será muy propicio para que los españoles conserven sus "derechos" sociales.

Nuestro país también es víctima del reparto irresponsable de esos "derechos", cuya expresión más clara está en los contratos colectivos de las empresas estatales, en particular, el Instituto Mexicano del Seguro Social.

La ventaja, por ahora, es que somos una sociedad joven, pero si no hacemos pronto las correcciones en las políticas económicas nacionales, en algún momento futuro tendremos que enfrentar penurias similares a las de los países europeos.

Salvador Kalifa
salvadorkalifa@prodigy.net.mx

 

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La causa raíz de la crisis financiera global actual es el excesivo gasto de los gobiernos, la mayoría con programas populistas, que con el paso del tiempo no pudieron seguir financiando. Se habló mucho del sistema de seguridad social de los países europeos, pero todo tiene un límite, y principalmente todo tiene un pagador. Alguien tiene que pagar por esos excesos de prestaciones o "derechos sociales". Nada es gratis en éste mundo. En México tenemos el problema de las gordas burocracias, federales, estatales y municipales, con sistemas de pensiones onerosos, pues se jubilan con el 100% o más de su sueldo a muy temprana edad. Dejando la carga al resto de la sociedad. Si no lo corregimos pronto, en algunos años estaremos como Grecia o Italia. Al tiempo.

Desorden fiscal

Diversos analistas de la evolución de las finanzas públicas en las economías occidentales, a lo largo ya de muchos años, digamos del Siglo 19 al presente, han detectado una serie de tendencias relevantes. Entre ellas, destaca una dirección muy clara al aumento del tamaño relativo del gasto. Dicho fenómeno se aceleró durante la segunda mitad del siglo pasado.

El incremento de las erogaciones ha sido resultado de la idea de que el Gobierno puede ayudar a satisfacer cierto tipo de necesidades y, entonces, a elevar el nivel del bienestar social. Los sectores que reciben los beneficios del gasto son fácilmente identificables, mientras que su costo se distribuye entre la población en general. En consecuencia, los primeros se transforman con el paso del tiempo en grupos de interés con influencia política, y logran establecer "derechos" ("entitlements") en su provecho. Pero es obvio que a cada derecho corresponde una obligación. ¿Quién es el obligado en este caso? En general, es la sociedad pero, en realidad, el obligado es el fisco. ¿Cómo hace frente a la responsabilidad? Gravando al resto (desorganizado) de la población con más impuestos, o con endeudamiento adicional.

Un experto caracteriza el proceso anterior en los siguientes términos ilustrativos. Una vez que ciertos segmentos de la población imaginan al Gobierno como una vaca que puede ser ordeñada, desaparecen de hecho los límites a las exigencias de más gasto público. Las "necesidades" de la población son infinitas, como son innumerables también los grupos que pueden formarse para presionar al Gobierno, con el fin de obtener beneficios en su favor. Así pues, factores básicamente políticos determinan el crecimiento del papel del Estado en la economía y en la sociedad. Sin embargo, su expansión encuentra, tarde o temprano, restricciones financieras.

A grandes rasgos, los casos recientes, digamos de Estados Unidos y de Grecia (toda proporción guardada), se ajustan bastante bien a la descripción previa. En efecto, el problema central de las finanzas públicas de Estados Unidos lo constituye el crecimiento del gasto en las distintas formas de "seguridad social" (pensiones, servicios médicos), a lo que se ha añadido el impacto de las enormes erogaciones destinadas a enfrentar las consecuencias de la crisis financiera. La incapacidad para decidir un aumento de impuestos congruente se tradujo en un alza del déficit presupuestal hasta llegar al 9 por ciento del PIB en 2010. Más déficit significa más deuda. De ahí vino el ruidoso enfrentamiento entre Republicanos y Demócratas sobre el límite del endeudamiento público, que llegó a su máximo en el verano de este año.

A todas luces, el sector público de Grecia sufre de hipertrofia. Simplemente es demasiado grande para el tamaño y la productividad de su economía. Por ejemplo, en 2008, en plena antesala de la crisis, el "gasto (total) del Gobierno general" alcanzó ¡48 por ciento del PIB! El gasto en salarios del Gobierno griego, como fracción del PIB, es bastante más alto que el promedio de la OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). Y sus empleados trabajan menos horas y ganan más que sus contrapartes en el sector privado. En cuanto a los entitlements, un estudio reciente estimó que la carga de las pensiones aumentaría 12 puntos porcentuales del PIB en unas cuantas décadas.

Además, está claro que la economía griega padece una falta evidente de competitividad, que se traduce, por necesidad, en un enorme y creciente "agujero" externo. En 2008, otra vez, el déficit en la balanza de bienes y servicios con el exterior llegó a 14.5 por ciento del PIB.

La OECD por lo común se refiere a los problemas de sus miembros con tersura, pero en agosto pasado expresó con respecto a Grecia, a la letra: "el desperdicio de recursos públicos debe terminar... la confianza entre los ciudadanos y el Gobierno debe ser restaurada... la evasión de impuestos debe ser atacada decisivamente...". Y así por el estilo.

Por un tiempo, los desequilibrios griegos en lo fiscal y en lo externo recibieron poca atención, porque la integración financiera de Europa le permitió al Gobierno colocar su deuda en los mercados con cierta facilidad. Pero "el día del juicio" llegó inexorablemente, cuando se descubrió que las autoridades habían ocultado con dolo el nivel real de sus pasivos. (Sounds familiar {MOREIRAZO}).

Todo mundo sabe ahora que el problema griego no es de liquidez, sino de solvencia. Grecia ha sido desde su nacimiento político moderno, en el Siglo 19, un "incumplidor serial" de sus obligaciones financieras con el exterior. Sus problemas son de estructura, no de coyuntura. No se van a resolver con ensalmos monetarios.

Utopía es un lugar idealmente bueno. Distopía es lo contrario. Las dos palabras provienen del griego.

 

Everardo Elizondo

 

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Excelente columna de Everardo Elizondo, un economista con mucha experiencia. Explica perfectamente los fundamentos de los populistas, prometer cosas para mantenerse en el poder con los votos de la gente pobre y/o ignorante. Lo que hizo el gobierno griego por años es muy parecido a lo que hizo Moreira en Coahuila.

Deuda pública (Moreirazo)

"¿Quieres cerrar las avenidas del mal? Paga todas las deudas, como si Dios mismo hubiera hecho la factura". Ralph Waldo Emerson

SALTILLO.- Contratar deuda pública no es necesariamente malo. El problema surge cuando es excesiva, no es transparente y no se utiliza en proyectos que generen recursos o productividad.

Grecia es ejemplo de un país que cometió los tres pecados. Su deuda pública alcanzó el 142.8 por ciento de su Producto Interno Bruto en el 2010 y sigue al alza. El Gobierno la contrató sin advertir a los ciudadanos de lo que estaba haciendo y utilizó cifras falsas ante los acreedores. Utilizó el dinero, por otra parte, para financiar gasto corriente y no para aumentar la productividad.

Hoy Grecia está quebrada. A pesar de la quita de 50 por ciento que los gobiernos europeos han impuesto a los bancos acreedores, el nivel de vida de los griegos caerá de forma importante en los próximos años. Las deudas que supuestamente generarían prosperidad han provocado miseria.

Coahuila avanza por un camino similar. Su deuda pública aumentó de 300 millones de pesos en 2006 a 33 mil 867 millones en el 2011. El ex Gobernador Humberto Moreira reconocía solamente 8 mil millones antes de dejar el poder, pero el nuevo régimen de Jorge Torres se vio obligado a buscar una reestructuración de la deuda con los bancos acreedores y a transparentar el monto.

No hay claridad sobre el uso dado a los recursos. Las cifras del quinto y el sexto informes de gobierno, el último de Moreira y el único de Torres, ofrecido este 4 de noviembre, se contradicen. La información disponible sugiere, sin embargo, que poco se utilizó para proyectos que generen ingresos y permitan amortizar la deuda. Los gobiernos de Moreira y Torres están dejando al nuevo régimen de Rubén Moreira, hermano de Humberto, una deuda que rebasa los 12 mil 500 pesos por cada hombre, mujer y niño de la entidad.

No son muchos los coahuilenses que se dan cuenta de la enormidad de esa deuda o del peso que tendrá sobre las finanzas públicas de su estado en los próximos años. Humberto Moreira sigue siendo popular entre los coahuilenses. Rubén fue electo Gobernador con una mayoría abrumadora. El informe de gobierno de Torres, con acarreo de simpatizantes en autobuses y golpeadores que confrontaron a un pequeño grupo que protestaba por la deuda, fue un ejercicio reminiscente de los tiempos del PRI más oscuro.

Humberto Moreira, presidente nacional del PRI, se dice víctima de un linchamiento por parte de los medios de comunicación, el PAN y el Gobierno federal. Las cifras del endeudamiento del Estado, sin embargo, no dejan duda de un comportamiento irresponsable.

Ni un país, ni un estado, ni una familia pueden depender indefinidamente del endeudamiento para producir crecimiento. Esto lo vemos con claridad en el caso de Grecia. Tarde o temprano llega el momento de pagar. El Gobierno griego pensó que podía llevar a su país al primer mundo con subsidios y créditos. Hoy todos vemos que esto es imposible, como lo atestiguamos también en la docena trágica mexicana de 1970 a 1982.

La deuda pública de Coahuila cumple con todos los requisitos para generar temor e incertidumbre. Ha crecido de forma espectacular, no se ha contratado de forma transparente y no ha sido utilizada en proyectos que generen recursos para la amortización. Hay razones para estar indignados. Incluso los coahuilenses que hoy rinden pleitesía a los hermanos Moreira se darán cuenta tarde o temprano del costo de la deuda que les ha sido heredada.

 

Sergio Sarmiento

 

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Han sido los gobiernos irresponsables fiscalmente, con exceso de gastos y deuda, quienes nos han sumido siempre en las crisis económicas. Dicen que han cambiado, pero siguen administrado (SIC) igual que como lo hicieron en los 70's y 80's y principios de los 90's. En pocos años ya no habrán excedentes petroleros y estaremos peor que Grecia, con deudas impagables contraídas por gobiernos estatales y municipales, y una gorda  burocracia que no puede ser despedida y que tendrán derecho (SIC) a una pensión a los 50 o 55 años de edad cuando mucho. ¿Quién pagará por todas esas irresponsabilidades?

Falsa izquierda

"La gente supone que el pleito será entre izquierda y derecha, pero siempre es entre los razonables y los imbéciles". Jimmy Wales

Nos dicen que México es un país de izquierda. El PRD, el Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano se precian de ser baluartes de esa posición política y mantienen incluso resabios de una ideología marxista que ha desaparecido en otros lugares del mundo. El PRI es miembro de la Internacional Socialista y se enorgullece de sus raíces revolucionarias y populares. Incluso el PAN tiene una filosofía cercana a la democracia cristiana, que se considera en otros países como de centro-izquierda.

¿Por qué entonces, a un siglo de la Revolución Mexicana, tenemos tanta pobreza y desigualdad? Algunos políticos afirmaban que era por las políticas de otros tiempos, en particular del régimen colonial y el de Porfirio Díaz. La información histórica señala lo contrario: si bien el siglo postrevolucionario ha tenido un aumento espectacular en el gasto social, la desigualdad ha aumentado porque este gasto ha sido regresivo.

A pesar de rendir culto a la izquierda, nuestros políticos han aplicado políticas de derecha. El estudio "10 puntos para entender el gasto de equidad en México" de México Evalúa (www.mexicoevalua.org) subraya que la mayor parte del gasto público social se ha concentrado en programas que acentúan la pobreza y la desigualdad.

Los subsidios a la agricultura, por ejemplo, ayudan fundamentalmente a los agricultores más ricos. Los apoyos a las pensiones de Pemex, del ISSSTE y del IMSS favorecen a los trabajadores más prósperos. El subsidio a la gasolina es, por su monto extraordinario, quizá el instrumento más regresivo ya que favorece casi completamente al tercio más rico de la población. La tasa cero del IVA a alimentos y medicinas es también de derecha porque beneficia más a quienes más consumen. También son regresivos, por apoyar más a quienes más tienen, el subsidio a los adultos mayores del Distrito Federal, las becas a estudiantes de educación media como Prepa Sí, los apoyos a instituciones de educación superior como la UNAM y el subsidio al consumo de electricidad.

Algunos programas de gasto público en nuestro País sí son de izquierda, es decir, apoyan a los más pobres y ayudan a reducir la pobreza y la desigualdad. Según el estudio de México Evalúa, los programas más progresivos son Oportunidades, IMSS-Oportunidades, Piso Firme (2006), el Programa de Empleo Temporal (2006), el Seguro Popular y el programa de adultos mayores del Gobierno federal. También lo son los subsidios a la educación preescolar, primaria y secundaria. Pero es tan fuerte el peso de los programas regresivos, los que concentran el ingreso, que el resultado global de los programas de gobierno es acentuar en lugar de paliar la desigualdad.

La mejor forma de combatir la pobreza y la desigualdad es a través de programas de gasto focalizado en los grupos más marginados de la sociedad. Éstos serían los esfuerzos que realizaría un verdadero Gobierno de izquierda. En México, sin embargo, los gobiernos han preferido los subsidios generalizados o los que abiertamente benefician a grupos relativamente prósperos.

Lo peor es que los políticos han convencido a la sociedad -y quizá hasta a ellos mismos- de que estas medidas son progresistas. Es sorprendente el número de mexicanos que defiende el subsidio a la gasolina o la tasa cero del IVA con el argumento de que apoyan a los pobres. No han entendido que son precisamente estas medidas reaccionarias las que han mantenido la desigualdad y la pobreza en México.

Sergio Sarmiento

www.sergiosarmiento.com

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No es que sea una falsa izquierda, lo que pasa es que son populistas y demagogos. Prefieren mantener esos subsidios generalizados, porque les dan votos, que realmente hacer algo por los pobres. Su interés es administrar la pobreza para seguir recibiendo votos a cambio de despensas y promesas populistas.