¿Más gobierno?

Es práctica común que los políticos en campaña prometan 'el oro y el moro' a los votantes potenciales. Ofrecer más de lo que realmente se puede lograr parece parte del discurso obligado de un candidato a casi cualquier puesto público. Desde luego, la realidad de los problemas es bastante más poderosa que la mejor retórica y, sin remedio, los resultados son por lo común muy distintos de las ofertas. Al respecto, quizá no resulte muy cruel citar como ejemplo la quiebra de los sistemas de seguridad social en todas partes del mundo.

En las circunstancias del México de hoy, las promesas incumplibles abarcan toda la gama de los problemas nacionales. ¿La economía crece poco?: Mi gobierno duplicará la tasa reciente. ¿Hay inseguridad generalizada (o localizada)?: Mi gobierno arrancará sus raíces y restablecerá la paz. ¿Faltan empleos productivos?: Mi gobierno creará un 50 por ciento más de los que existen en la actualidad. ¿No hay infraestructura física?: Mi gobierno invertirá como nunca en la historia nacional. ¿La educación es un desastre?: Mi gobierno revolucionará el sistema. Y así por el estilo, como si los recursos económicos, la capacidad administrativa, el tiempo disponible y la habilidad política del gobierno fueran infinitos.

En todo caso, no me parece injusto decir que las propuestas en boga, en mayor o menor grado, tienen una característica común: implican más gobierno y, vistas con mucho optimismo, quizá mejor gobierno. A mi juicio, para llevar a cabo lo que pretenden algunos aspirantes a la Presidencia de la República, tendrían que hacerse de más recursos fiscales. Por ello insinúan, creo que sin excepción, que de una manera u otra ampliarían la base tributaria. [Comentando ese punto, una institución del sector privado llega incluso a calificar de 'urgente' una reforma fiscal (por supuesto, 'integral'), que se traduzca en un fortalecimiento de los ingresos públicos].

En un sentido muy limitado, yo comparto la idea de que en México se necesita más gobierno: específicamente, en el ámbito fundamental de la prestación eficiente de bienes públicos genuinos, tales como la seguridad personal y patrimonial, y la administración de la justicia. En la provisión de esos dos elementos básicos para la convivencia pacífica, el Estado mexicano ha sido penosamente incapaz -para decirlo con (excesiva) caridad. Las sociedades humanas, dice un estudioso del tema, han existido durante milenios sin que el gobierno se ocupara de la distribución del ingreso o de la promoción del crecimiento económico, pero no sin que garantizara la protección de sus miembros contra los depredadores internos y externos.

Dicho lo anterior, encuentro francamente anacrónica la recurrencia en el discurso político actual de la concepción del gobierno como motor (!) y director (!) del crecimiento económico. (Motor y director de la economía, cuando no mueve ni dirige con efectividad al propio sector público). Dada la solidez de la evidencia empírica, pensé que tal planteamiento estaba desacreditado hace tiempo. En el mejor de los casos, además de ocuparse de la provisión de ciertos bienes públicos, como señalé antes, el gobierno debe jugar el papel de facilitador (árbitro imparcial, regulador eficaz) de la actividad de los particulares en el mercado libre. Y puede intentar redistribuir el ingreso, si así lo juzga adecuado la cambiante voluntad democrática.

A pesar de todo lo que se dice con ligereza, lo cierto es que no hay alternativa viable al sistema de mercado. Sus críticos ofrecen vaguedades ilusorias que no han funcionado en ninguna parte (utopías, pues). Un eminente economista apunta, certeramente, que todas las economías que han combinado progreso sostenido con libertad creciente son variantes del capitalismo. Y añade lo palpable: China ha avanzado más en la reducción de la pobreza durante los 30 años recientes de reformas pro mercado, que en los 60 años previos de planeación centralizada y de propiedad estatal.

Lo anterior no equivale a decir que el sistema de mercado sea impecable. Los últimos años han sido pródigos en ejemplos de conductas económicas éticamente reprobables. No hay sorpresa en ello. Los humanos somos moralmente imperfectos -sentencia con sabiduría un analista connotado- y así son todas (todas) sus instituciones. Sin embargo, politizar el mercado no es la solución. El ámbito real de la política no es precisamente idóneo para la superación moral. Los escándalos de corrupción gubernamental son cosa del diario en México. ¿De ahí vendrán las virtudes reformadoras del resto de la sociedad? Lo dudo, y el lector también, seguramente.

 

Everardo Elizondo

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Necesitamos gobiernos que se enfoquen en lo que deben hacer, proveer seguridad y garantías jurídicas. El crecimiento económico, creación de empleos, la economía en general es responsabilidad de las empresas y ciudadanos. Entre menos gobierno haya mejor. No se dice que el gobierno no intervenga, se requiere al gobierno como juez, mediador de conflictos, garante de las Leyes. Pero no como un actor activo de la economía.

 

Oscurantistas

Imaginemos en su labor a un técnico de análisis clínicos. Un laboratorio serio estará al pendiente de su pulcritud en el oficio. Un análisis mal elaborado podría costarle la vida a una persona. Lo mismo ocurre con un gran laboratorio de producción de medicinas. Habrá muestras aleatorias en las líneas de producción para confirmar la calidad de los medicamentos. En las armadoras de coches se verifica cada centímetro y se sabe quién es el responsable. Qué decir de los fabricantes de aviones que no pueden tener duda sobre un solo remache, ni sobre la calidad de un cable o de los instrumentos de navegación.

Las productoras de alimentos tienen la enorme responsabilidad de no envenenar a la gente que acude a sus productos. Por ello dan seguimiento paso a paso a cada frasco o lata o empaque. Garantizar la calidad es desde hace por lo menos un par de siglos una constante.

Pensemos en las casas de fabricación de relojes que datan de tiempo atrás y que ostentan con orgullo su marca, muchas veces de origen familiar. No se trata de un perfeccionismo inútil, sino de una actitud hacia el trabajo y la vida. Garantizar al consumidor o al paciente o al comprador la mejor calidad, la mejor tecnología, la mejor mano de obra es meta y orgullo. Pero esa obsesión no sólo da prestigio sino que además paga bien. Muchos consumidores están dispuestos a erogar un porcentaje superior para garantizarse calidad en lo que adquieren. Quizá lo más frecuente son los restaurantes a los cuales asiste una clientela regular en función del prestigio logrado a través de la calidad cotidiana. De hecho en el mundo de hoy todos somos evaluados y parte del orgullo de un profesionista o una compañía es el estar en vitrina frente a la opinión pública.

Pensemos por ejemplo en los sistemáticos exámenes a los que se someten las tripulaciones de los aviones. Son encuentros muy estresantes en que se les somete a tormentas perfectas: fallan las turbinas, la visibilidad es cero, los vientos cruzados sacuden al aparato y todo ocurre a la vez. El piloto debe estar preparado para sacar adelante la situación y demostrarlo en público. Sólo así se le volverá a contratar.

Pero la evaluación no sólo se da en los productos comerciales o en ciertas profesiones. Los servidores públicos también deben ser evaluados. Cada empleado, cada oficina, cada dependencia, está expuesta al escrutinio de los superiores y de los ciudadanos que acuden a recibir los servicios o a efectuar los trámites correspondientes. Los buzones de queja y otras formas para canalizar las dudas o reclamos ciudadanos son expresión de esa actitud. La evaluación es una cultura.

Las encuestas que evalúan a los presidentes son una forma de confrontar los resultados de una gestión. El debate que vimos hace unas horas abre esa evaluación a decenas de millones de ciudadanos. Nadie se libra de la evaluación. La reina de Inglaterra tuvo que corregir su reacción después de la muerte de Lady Di aceptando, implícitamente, su error. Recientemente el rey de España, sorprendido por un accidente en una aventura de cacería, tuvo que disculparse públicamente por la condena que desató su frívolo escape en plena crisis. Qué decir de Bill Clinton con sus correrías en los pasillos de la Casa Blanca que por poco le cuestan la Presidencia. De nuevo, nadie se salva de la evaluación, ni en el mundo privado ni en el público donde, además, los dineros son de los causantes.

Actores, comentaristas políticos en radio y televisión o en los periódicos, conferencistas, todos estamos sujetos a una evaluación. Parte del proceso civilizatorio se sustenta en la evaluación. Si quieres mejorarlo tienes que medirlo, dice la conseja popular.

Por todo eso resulta no sólo incomprensible sino vergonzosa la actitud de la dirigencia magisterial con relación a la evaluación de los maestros mexicanos. Ahora resulta que quieren posponerla, que exigen que el órgano de evaluación sea otro, que las formas de medición sean "mexican style" o sea al estilo mexicano. Como si los conocimientos de matemáticas o la química oscilaran en el globo a partir de la localización geográfica de un país o de una cultura. La cultura como expediente para relativizar todo. ¿Dónde queda el derecho de los educandos?

Lo asombroso es el desfase con la dinámica de nuestro país y con el mundo. Qué argumentos podrían esgrimir en un congreso internacional sobre calidad educativa. Acaso que los maestros mexicanos son tan diferentes que no pueden tolerar los reactivos internacionales. Que la genética del mexicano no está hecha para soportar la exigencia de una evaluación. O quizá que los conocimientos válidos en el resto del mundo no lo son aquí.

El caso es patético, de pena ajena. El cinismo los ha devorado, ni siquiera el descrédito los mueve. Son víctimas de su prepotencia. Navegan contra la historia. La evaluación se impondrá y los opositores regresarán a sus hogares -donde habrá evaluados- a tragarse la vergüenza de haber sido embajadores de oscurantismo.

 

Federico Reyes Heroles

 

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La evaluación no sólo debe hacerse para premiar a los mejores o identificar áreas de oportunidad de mejora a los intermedios. La evaluación debería hacerse también para despedir a los peores. Es un examen de conocimientos, de lo que se supone que ellos están enseñando. Si no saben lo que deben enseñar a los niños, no deben estar al frente de una clase, deben ser despedidos. ¿Cómo puede un maestro con calificación de 5, 6, 7, u 8, pretender que sus alumnos aprendan y saquen calificaciones superiores? Debemos buscar casi la perfección en los conocimientos de los maestros para esperar que los niños salgan medianamente preparados en promedio. Un maestro mediocre nunca tendrá alumnos excelentes, serán mediocres hacia abajo.

El sistema y Walmart

El caso de Walmart nos descara porque ilustra una faceta de nuestra vida que nadie quiere enfrentar. En México no se puede resolver nada sin el empleo de un gestor que implica una negociación, lícita o no. El rasgado de vestiduras que el caso ha suscitado confirma que "un buen chivo expiatorio es casi tan bienvenido como la solución al problema".

Más allá de lo específico del caso Walmart, éste evidencia la contradicción fundamental que caracteriza al País y que se puede sintetizar en que tenemos empresarios del primer mundo, pero un sistema gubernamental del quinto. La capacidad de crecimiento del País depende de la fortaleza de las empresas, pero ésta se verá coartada por el poder de una burocracia cuya racionalidad nada tiene que ver con el crecimiento de la economía, la generación de empleos o el enriquecimiento del País.

El asunto exhibe varios ángulos. Ante todo está la transformación económica del País en las últimas décadas y que ha tenido menor impacto del prometido. En los últimos 25 años se han hecho numerosas "inversiones" que han transformado la naturaleza de la economía. Sobresalen la liberalización de las importaciones, que ha disminuido el costo de insumos industriales, pero también de la carne, ropa y calzado. El crecimiento de la infraestructura física ha permitido elevar la productividad de las empresas, reducir costos en las comunicaciones y hacer confiable el suministro del fluido eléctrico. La capacidad exportadora del País se ha multiplicado en volumen y en diversidad geográfica. El sistema electoral ha transformado la cultura política. La clase media ha crecido. La productividad de las empresas es hoy comparable a la de economías mucho más ricas. A pesar de las limitaciones y problemas, el País se está transformando por debajo de la superficie.

Persisten rezagos económicos y los insumos que proveen muchas de las empresas estatales, sobre todo Pemex, no son competitivos en precio o confiables en sus tiempos de entrega. Sigue habiendo un sinnúmero de actividades protegidas y que gozan del privilegio de no tener que competir. El resultado de todos estos males es que el conjunto de la economía es menos competitivo de lo que podría ser y que más que generalizarse los beneficios de la parte exitosa de la actividad productiva, éstos tienden a concentrarse. Pero hoy tenemos miles de empresas ultracompetitivas que, poco a poco, están cambiando la faz de nuestra economía.

No ha cambiado la calidad de la administración gubernamental, sobre todo a nivel estatal y municipal. La "permisología" sigue siendo compleja. La apertura de un negocio puede llevar meses y la incorporación a Hacienda o al IMSS puede dejar viejo al más hábil. La palma se la llevan los gobiernos locales, cuyo modus vivendi depende de "contribuciones" de las empresas para poder emprender cualquier actividad. Los permisos de construcción y uso de suelo son el instrumento histórico de enriquecimiento de los políticos y burócratas, a los que se suman autorizaciones como venta de alcohol en restaurantes y apertura de comercios.

Tenemos el choque de dos mundos. Por un lado, la liberalización de la economía sigue siendo parcial, dejando una infinidad de resquicios de improductividad. Por el otro, un sistema político que nunca se reformó y que se traduce en criterios de expoliación más que de promoción por parte de la autoridad, a todos los niveles de Gobierno.

En el viejo sistema los puestos gubernamentales y políticos se repartían con criterios de premiación de lealtad o necesidad de inclusión de grupos. Los nombramientos de funcionarios respondían a una lógica política y corporativista y entrañaban un permiso implícito para utilizar cada puesto para fines personales. La lealtad al sistema se premiaba con puestos que daban acceso al poder y/o la corrupción. Un funcionario veía al puesto no como una oportunidad para generar desarrollo, atraer empresas o elevar la productividad de una industria o sector, sino como un medio de enriquecimiento personal o grupal.

Esto último no ha cambiado. Las autoridades delegacionales o municipales siguen entendiendo sus puestos como medios para beneficiar a sus clientelas o acumular fondos para su propia bolsa o la próxima campaña electoral. La corrupción sigue siendo la razón de ser de la distribución de puestos en el Gobierno. Es excepcional el funcionario que entiende su función como la de promover el desarrollo económico y allanar el camino para que éste ocurra.

Lo patético del caso Walmart no es la corrupción en que esa empresa pudiera haber incurrido, sino el show de hipocresía que ha caracterizado tanto a los políticos, que ahora se aprestan a revisar los expedientes, o a muchos de los críticos, que hacen creer que nunca habían visto evidencias de corrupción. Dudo que fuera posible hallar a un mexicano que no haya tenido que optar entre obtener un servicio o permiso al costo inevitable de la corrupción, o mantenerse en el limbo de la moralidad.

En lugar de insistir en este mundo de simulación, sería más útil comenzar a buscar la forma de construir un país moderno. El País requiere institucionalizar sus procesos gubernamentales, eliminar las fuentes de discrecionalidad que le dan tanto poder a la burocracia y generar la plataforma de crecimiento que, por estas ausencias, sigue siendo tan enclenque. Profesionalizar los servicios municipales con gerentes que no cambien con los ciclos electorales sería un buen comienzo. Pero esto sólo sería relevante si el objetivo es el desarrollo del País...

Decía Yogi Berra que "antes de construir una mejor ratonera, necesitamos asegurarnos si hay ratones". La pregunta es si tenemos estadistas en ciernes o meros burócratas depredadores.

Luis Rubio
www.cidac.org

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Debería darnos vergüenza saber que los políticos y burócratas siguen extorsionando a las empresas que están creciendo y generando empleos. Mientras la mayoría de los mexicanos no cambien su idiosincrasia paternalista, mercantilista, y malinchista, seguiremos en la mediocridad tercermundista.

Políticos contra el empleo

Todos los 1 de mayo revisamos una tarea siempre pendiente. Con marchas, desfiles y protestas en muchas partes de nuestro país y el mundo, recordamos el Día del Trabajo. El día de ese factor de la producción tan humano y tan incomprendido. Curiosamente no se celebra el día de la empresa, del emprendedor, del que arriesga e invierte para generar oportunidades de empleo para la sociedad.

Un país que aún crece demográficamente y que produce cada año más de medio millón de jóvenes en edad de trabajar y que tiene un elevado rezago laboral con muchos empleos precarios necesita generar empleos y que sean muchos.

Por ello, se ha manejado la cifra de que México requiere de un millón de empleos cada año para satisfacer la demanda. Sin embargo, nuestro país no ha podido crearlos de manera constante, muy probablemente porque pocos examinan la capacidad para ofertar empleo, analicemos por qué.

En todo el sexenio de Ernesto Zedillo se generaron, según el IMSS, poco más de 2 millones de empleos. Con Fox, la cifra fue cercana al millón y medio. En la actual Administración, sin contar lo que falta del año, ya van casi 2 millones de nuevos puestos de trabajo.

De esta forma, desde 1994 sólo hemos podido generar casi 300 mil empleos cada año en promedio, por lo que traemos un rezago de más de 12 millones de trabajos.

Desde mediados de los 90 a la fecha, Estados Unidos, una economía 13 veces más grande que la nuestra, ha generado alrededor de 2 millones de nuevos empleos cada año.

Por eso llama mucho la atención que busquemos en México producir la mitad de los empleos anualmente de lo que genera una economía 13 veces más grande y rica que la nuestra.

Siguiendo este punto, nuestra economía tendría que ser, al menos, seis veces más grande para producir un millón de empleos como lo hace nuestro vecino. Muchos dirán que no es necesario crecer a ese tamaño, sino cambiar el modelo económico, pero en realidad lo que se requiere en México es entender con claridad cómo y quiénes son los que verdaderamente generan las oportunidades de empleo.

Volviendo a Estados Unidos, y de acuerdo con un reciente estudio de la Fundación Kauffman, de 1997 al 2005 la cantidad de empleos creados por emprendedores que tenían menos de un año de haber iniciado operaciones, o lo que se conoce como "start-ups", promedió 3 millones de puestos cada año. Sin embargo, las empresas ya existentes, en promedio, perdieron cerca de un millón de empleos cada año en ese mismo lapso.

Es posible que aquí esté la clave del empleo para nuestro país. La verdadera fórmula para crear los empleos que México exige está en los nuevos emprendimientos, en las nuevas empresas, en los nuevos empresarios que además de autoemplearse generan las nuevas actividades productivas, más flexibles, que generen valor económico y social para el País.

Mexicanos que desafortunadamente pocas escuelas forman, pocas familias impulsan, pocas autoridades respaldan, a quienes pocas oportunidades les son concedidas.

Así, los emprendedores de México, antes de facturar su primer ingreso ya tienen al SAT revisando su historial de pagos de impuestos. Tienen al IMSS requiriendo con varias notificaciones la demostración de su pago provisional de seguridad social de sus trabajadores al igual que la aportación al Infonavit. Igualmente las Tesorerías de los estados vuelan sobre ellos para que no se les olvide el impuesto a la nómina estatal.

Todo esto cuando aún no pueden demostrarle al mercado su fortaleza para emprender y competir, el Estado ya los está castigando.

Estos emprendedores nuevos son mexicanos que sacrifican sus ingresos presentes para darle vida a un sueño que sirva para generar valor económico a la sociedad. Mexicanos que deben ser exitosos a pesar de las múltiples barreras burocráticas, de corrupción, de la inseguridad y de los altos costos de los servicios, convirtiéndose en verdaderos héroes.

Mejorar las condiciones para producir empleo requiere reformar códigos, leyes y costumbres en México que ayuden a facilitarle las cosas al emprendedor, no a detenérselas.

Curiosamente, ninguno de los candidatos se ha pronunciado con determinación por estos emprendedores heroicos, excepto algún spot de la candidata del PAN que hizo referencia a ellos.

López Obrador ha dicho que de ganar generará 7 millones de empleos, pero no señala cómo, con qué reformas, con qué empresarios los hará. ¿Piensa acaso contratarlos en el Gobierno? A ver si mañana en el debate por la Presidencia hablan de los emprendedores que necesita el País. Lo dudo mucho.

México debe ser el lugar preferido para emprender. Ésa es la tarea que Gobierno, sociedad y sector productivo deben asimilar. Si producimos 200 mil nuevos empresarios cada año ya no importará el millón de empleos que se necesitan.

Vidal Garza Cantú
vidalgarza@yahoo.com

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Los empleos NO se generan por decreto (a menos que sean puestos burocráticos), para que se generen más puestos laborales forzosamente tiene que haber crecimiento económico. O, como explica Vidal Garza, más emprendedores que generen su propio empleo y el de otros. Que un político en campaña prometa que creará millones de empleos no es más que una vil mentira para engañar bobos. Urgen las reformas estructurales que permitan a nuestra economía crecer más rápidamente.