¿Qué tan estratégica ha sido la inversión realizada por los estados y municipios con recursos provenientes de financiamientos?
El endeudamiento irresponsable incide en la calidad de vida y posibilidades de desarrollo de nuestra generación. En tanto más se comprometen ingresos futuros, aumenta el riesgo de colapso ante situaciones económicas o naturales extraordinarias.
Actualmente, la base principal para garantizar el pago de financiamiento público se encuentra en los ingresos federales que, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal, son distribuibles a estados y municipios.
Los mecanismos generadores de pasivos son válidos, pero llaman a la prudencia. Ya se vislumbran focos rojos.
La necesidad de desarrollo seguirá reclamando inversión. En el caso de los jóvenes, existe una creciente demanda de empleo que, para generarse, ocupa que la autoridad garantice al sector privado condiciones adecuadas en materia de seguridad, infraestructura y certeza jurídica.
Las familias jóvenes exigen satisfactores. El gasto no estratégico presente impacta la expectativa de bienestar de quienes integran nuestro bono demográfico.
El endeudamiento público sólo puede entenderse como una estrategia válida si, bien administrado, se encamina a materializar la infraestructura clave para que exista bien común con visión de largo plazo.
Es una pesadilla concebir que una ciudad pueda tener "elefantes blancos" al tiempo que carece de activos prioritarios para garantizar el suministro de agua, servicios y de infraestructura para el desarrollo humano.
Las leyes de deuda estatales generalmente contemplan que sea el Congreso local quien autorice el endeudamiento y la afectación de recursos federales. No todas las propuestas del Ejecutivo precisan los proyectos a ser financiados. Los Diputados que consienten "cheques en blanco" son corresponsables de que hoy existan entidades con finanzas publicas débiles.
Es necesario que el ciudadano esté atento y organizado a priori para exigir públicamente que la lógica tras un financiamiento público esté justificada.
Existen nueve estados cuya calificación crediticia, de acuerdo con Fitch Ratings, se encuentra con perspectiva negativa. Finanzas públicas ahorcadas como las de Coahuila, Veracruz, Michoacán, Nayarit, Guerrero, Durango y Nuevo León ocupan del mayor rigor técnico y medidas como reestructuras, recortes, disminución del gasto público y mayor eficiencia.
Quienes han endeudado los gobiernos irresponsablemente con el afán de "servirse" deben ser señalados por la sociedad como cómplices de una crisis que los jóvenes de entre 20 y 40 años tendrán que resolver.
Un futuro con finanzas sanas requeriría al menos, en primer lugar, de la más estricta aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de normas en materia de transparencia y el constante ejercicio de comparación de resultados, para generar así condiciones de competencia.
Igualmente requeriría una regulación rigurosa en la leyes de deuda locales en cuanto a los requisitos, justificación y límites para contratar créditos, y, finalmente, unas finanzas sanas necesitan la reforma política en materia de reelección de alcaldes y legisladores para generar un costo a los políticos incumplidos.
Los gobernantes que han simulado la realización de obra para destinar financiamiento a gasto corriente, campañas y tropelías son traidores a la Patria.
Contar con gobernantes que, siendo sagaces en el campo político observen un comportamiento ético y cuenten con habilidades técnicas adecuadas es fundamental si el pueblo aspira a que exista progreso.
En las elecciones que se avecinan habrá que exigir ordenadamente a los partidos que presenten a los mejores hombres y mujeres, a quienes sí "saquen la bola del cuadro" con responsabilidad.
La realidad imperante en materia de finanzas públicas reclama un llamado a la justicia intergeneracional y, con ello, la presencia y colaboración por necesidad, no por capricho, de los más capaces.
El autor es abogado y maestro en Derecho Internacional por la Universidad de Harvard.
El endeudamiento irresponsable incide en la calidad de vida y posibilidades de desarrollo de nuestra generación. En tanto más se comprometen ingresos futuros, aumenta el riesgo de colapso ante situaciones económicas o naturales extraordinarias.
Actualmente, la base principal para garantizar el pago de financiamiento público se encuentra en los ingresos federales que, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal, son distribuibles a estados y municipios.
Los mecanismos generadores de pasivos son válidos, pero llaman a la prudencia. Ya se vislumbran focos rojos.
La necesidad de desarrollo seguirá reclamando inversión. En el caso de los jóvenes, existe una creciente demanda de empleo que, para generarse, ocupa que la autoridad garantice al sector privado condiciones adecuadas en materia de seguridad, infraestructura y certeza jurídica.
Las familias jóvenes exigen satisfactores. El gasto no estratégico presente impacta la expectativa de bienestar de quienes integran nuestro bono demográfico.
El endeudamiento público sólo puede entenderse como una estrategia válida si, bien administrado, se encamina a materializar la infraestructura clave para que exista bien común con visión de largo plazo.
Es una pesadilla concebir que una ciudad pueda tener "elefantes blancos" al tiempo que carece de activos prioritarios para garantizar el suministro de agua, servicios y de infraestructura para el desarrollo humano.
Las leyes de deuda estatales generalmente contemplan que sea el Congreso local quien autorice el endeudamiento y la afectación de recursos federales. No todas las propuestas del Ejecutivo precisan los proyectos a ser financiados. Los Diputados que consienten "cheques en blanco" son corresponsables de que hoy existan entidades con finanzas publicas débiles.
Es necesario que el ciudadano esté atento y organizado a priori para exigir públicamente que la lógica tras un financiamiento público esté justificada.
Existen nueve estados cuya calificación crediticia, de acuerdo con Fitch Ratings, se encuentra con perspectiva negativa. Finanzas públicas ahorcadas como las de Coahuila, Veracruz, Michoacán, Nayarit, Guerrero, Durango y Nuevo León ocupan del mayor rigor técnico y medidas como reestructuras, recortes, disminución del gasto público y mayor eficiencia.
Quienes han endeudado los gobiernos irresponsablemente con el afán de "servirse" deben ser señalados por la sociedad como cómplices de una crisis que los jóvenes de entre 20 y 40 años tendrán que resolver.
Un futuro con finanzas sanas requeriría al menos, en primer lugar, de la más estricta aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de normas en materia de transparencia y el constante ejercicio de comparación de resultados, para generar así condiciones de competencia.
Igualmente requeriría una regulación rigurosa en la leyes de deuda locales en cuanto a los requisitos, justificación y límites para contratar créditos, y, finalmente, unas finanzas sanas necesitan la reforma política en materia de reelección de alcaldes y legisladores para generar un costo a los políticos incumplidos.
Los gobernantes que han simulado la realización de obra para destinar financiamiento a gasto corriente, campañas y tropelías son traidores a la Patria.
Contar con gobernantes que, siendo sagaces en el campo político observen un comportamiento ético y cuenten con habilidades técnicas adecuadas es fundamental si el pueblo aspira a que exista progreso.
En las elecciones que se avecinan habrá que exigir ordenadamente a los partidos que presenten a los mejores hombres y mujeres, a quienes sí "saquen la bola del cuadro" con responsabilidad.
La realidad imperante en materia de finanzas públicas reclama un llamado a la justicia intergeneracional y, con ello, la presencia y colaboración por necesidad, no por capricho, de los más capaces.
El autor es abogado y maestro en Derecho Internacional por la Universidad de Harvard.
Mario A. Zambrano Ábrego
zambranoabrego@gmail.com
zambranoabrego@gmail.com
++++++++++++++++++++++++++++++
Entre las reformas estructurales pendientes, como la fiscal, laboral, energética, educativa, también habría que incluir una que prohíba el endeudamiento de los gobiernos, principalmente los estatales y municipales. Ahí tenemos ya los casos de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, y Veracruz, por mencionar los más recientes, que han hipotecado los ingresos por muchos años y ni siquiera se hizo obra pública importante, siguen gastando en burocracia y gasto corriente sin medida. La deuda pública se tiene que pagar y saldrá de los impuestos, no hay de otra. Los gobiernos no crean riqueza, la consumen. Por eso deben medir su gasto.
AMEPI, AC.
No hay comentarios:
Publicar un comentario