Para estimular el mercado interno y lograr las tasas de crecimiento y desarrollo que México requiere, es ineludible concretar reformas que respondan a las conveniencias. Sin tintes o sesgos ideológicos, es menester hacer lo necesario para capitalizar el gran potencial del País, teniendo al bienestar general como meta y a la racionalidad como brújula. Menciono algunas de estas reformas -económicas- cuya ausencia lastima cada vez más a México. Cierto, el diablo está en los detalles, pero para llegar a éstos hay que partir de un referente.
1. Laboral. La ley actual es obsoleta, impone costos desproporcionados e impide el aprovechamiento y mejor asignación del capital humano. El resultado es perverso, pues inhibe la formación de empleo y fomenta la informalidad. No tenemos que llegar a extremos de flexibilidad o proteccionismo y existe un balance entre dos objetivos válidos y perfectamente complementarios: la tutela del trabajador y de la empresa.
2. Fiscal. El Estado precisa una mayor fuerza financiera para perseguir sus objetivos generales, particularmente el combate a la pobreza. La recaudación en México está muy por debajo de la obtenida por los países de la OCDE, así como por varios pares latinoamericanos.
Además de los esfuerzos para facilitar el pago de impuestos, combatir la evasión y aumentar la base gravable, deben revisarse los privilegios y distorsiones que causan hoyos en el erario; en su lugar, habría que pensar en estímulos de última generación que fomenten la inversión en líneas productivas de alto valor. Más temprano que tarde la recaudación debe depender principalmente de la planta productiva doméstica y no de los ingresos petroleros.
Para cerrar el círculo, deben fortalecerse los mecanismos de control y calidad presupuestal en todos los órdenes de gobierno, porque mal gastado no habrá dinero que alcance. Asimismo, los subsidios y transferencias de efecto regresivo (empezando por los energéticos) deberían transitar a programas de asistencia social focalizados.
3. Energética. Tenemos uno de los regímenes petroleros más cerrados del orbe; ciertamente más que el de China, Brasil, Cuba, Venezuela e inclusive del que prevalecía con Lázaro Cárdenas después de la expropiación petrolera. La explotación de hidrocarburos y el suministro de electricidad son áreas estratégicas que probablemente estén mejor en manos del Estado. Pero el monopolio abarca eso y mucho más, como la refinación, transporte y otras actividades conexas. De igual forma, el control estatal puede ejercerse de diversas maneras. Muchos países implementan esquemas de contratos-riesgo o levantan dinero del gran público inversionista, sea para fortalecer a su empresa petrolera -mayoritariamente aunque no 100 por ciento pública- o para desarrollar proyectos específicos. Existen áreas de oportunidad para que el capital privado sea propulsor y copartícipe del sector.
4. Telecomunicaciones y medios. Existe una relación causal entre la anormalidad de la estructura institucional y económica de estos sectores, que urgentemente necesitan una verdadera exposición a la competencia y al mismo tiempo supervisión y control efectivos por el Estado. El estudio reciente elaborado por la OCDE ofrece una guía de lo que podría hacerse: libre participación de la inversión extranjera, más cadenas de televisión, fortalecimiento del regulador, regulación asimétrica, alto al abuso de recursos jurídicos y modernización de leyes disfuncionales.
5. Competencia. El Congreso aprobó el año pasado una importante reforma a la ley de competencia. Sin embargo, la verdadera transformación radicaría en revisar el universo de barreras que no tienen justificación de interés público y que por el contrario podrían favorecer posiciones monopólicas o intereses privados. Esta reforma -en sentido amplio- implicaría también contar con un marco pro-competitivo en sectores como la televisión, telecomunicaciones, transporte y servicios financieros, que persiga la eficiencia de esos mercados e incremente el bienestar del consumidor.
6. Institucional. Las instituciones -léase la adopción, ejecución y cumplimiento de reglas sanas- son el corazón de toda sociedad y Estado. Son, además, el factor crítico para el desarrollo de los países. México descuidó por décadas el entorno institucional, más grave aún en el contexto de un ajuste de modelo que alteró drásticamente los factores económicos y de poder. Si bien esta reforma implica muchas otras, no debe perderse de vista que el País requiere una revolución institucional en todos sus rubros, desde la construcción de tejido social y el fomento a la cultura de la legalidad, hasta el fortalecimiento del Estado de derecho y la eficacia, eficiencia y probidad en el actuar de todos los poderes públicos.
Alejandro Faya Rodríguez
El autor es Maestro en Derecho por la Universidad de Oxford, Maestro en Políticas Públicas por la Flacso y profesor en la Universidad Iberoamericana.
Twitter: @AlejandroFaya
Email: afayardz@gmail.com
1. Laboral. La ley actual es obsoleta, impone costos desproporcionados e impide el aprovechamiento y mejor asignación del capital humano. El resultado es perverso, pues inhibe la formación de empleo y fomenta la informalidad. No tenemos que llegar a extremos de flexibilidad o proteccionismo y existe un balance entre dos objetivos válidos y perfectamente complementarios: la tutela del trabajador y de la empresa.
2. Fiscal. El Estado precisa una mayor fuerza financiera para perseguir sus objetivos generales, particularmente el combate a la pobreza. La recaudación en México está muy por debajo de la obtenida por los países de la OCDE, así como por varios pares latinoamericanos.
Además de los esfuerzos para facilitar el pago de impuestos, combatir la evasión y aumentar la base gravable, deben revisarse los privilegios y distorsiones que causan hoyos en el erario; en su lugar, habría que pensar en estímulos de última generación que fomenten la inversión en líneas productivas de alto valor. Más temprano que tarde la recaudación debe depender principalmente de la planta productiva doméstica y no de los ingresos petroleros.
Para cerrar el círculo, deben fortalecerse los mecanismos de control y calidad presupuestal en todos los órdenes de gobierno, porque mal gastado no habrá dinero que alcance. Asimismo, los subsidios y transferencias de efecto regresivo (empezando por los energéticos) deberían transitar a programas de asistencia social focalizados.
3. Energética. Tenemos uno de los regímenes petroleros más cerrados del orbe; ciertamente más que el de China, Brasil, Cuba, Venezuela e inclusive del que prevalecía con Lázaro Cárdenas después de la expropiación petrolera. La explotación de hidrocarburos y el suministro de electricidad son áreas estratégicas que probablemente estén mejor en manos del Estado. Pero el monopolio abarca eso y mucho más, como la refinación, transporte y otras actividades conexas. De igual forma, el control estatal puede ejercerse de diversas maneras. Muchos países implementan esquemas de contratos-riesgo o levantan dinero del gran público inversionista, sea para fortalecer a su empresa petrolera -mayoritariamente aunque no 100 por ciento pública- o para desarrollar proyectos específicos. Existen áreas de oportunidad para que el capital privado sea propulsor y copartícipe del sector.
4. Telecomunicaciones y medios. Existe una relación causal entre la anormalidad de la estructura institucional y económica de estos sectores, que urgentemente necesitan una verdadera exposición a la competencia y al mismo tiempo supervisión y control efectivos por el Estado. El estudio reciente elaborado por la OCDE ofrece una guía de lo que podría hacerse: libre participación de la inversión extranjera, más cadenas de televisión, fortalecimiento del regulador, regulación asimétrica, alto al abuso de recursos jurídicos y modernización de leyes disfuncionales.
5. Competencia. El Congreso aprobó el año pasado una importante reforma a la ley de competencia. Sin embargo, la verdadera transformación radicaría en revisar el universo de barreras que no tienen justificación de interés público y que por el contrario podrían favorecer posiciones monopólicas o intereses privados. Esta reforma -en sentido amplio- implicaría también contar con un marco pro-competitivo en sectores como la televisión, telecomunicaciones, transporte y servicios financieros, que persiga la eficiencia de esos mercados e incremente el bienestar del consumidor.
6. Institucional. Las instituciones -léase la adopción, ejecución y cumplimiento de reglas sanas- son el corazón de toda sociedad y Estado. Son, además, el factor crítico para el desarrollo de los países. México descuidó por décadas el entorno institucional, más grave aún en el contexto de un ajuste de modelo que alteró drásticamente los factores económicos y de poder. Si bien esta reforma implica muchas otras, no debe perderse de vista que el País requiere una revolución institucional en todos sus rubros, desde la construcción de tejido social y el fomento a la cultura de la legalidad, hasta el fortalecimiento del Estado de derecho y la eficacia, eficiencia y probidad en el actuar de todos los poderes públicos.
Alejandro Faya Rodríguez
El autor es Maestro en Derecho por la Universidad de Oxford, Maestro en Políticas Públicas por la Flacso y profesor en la Universidad Iberoamericana.
Twitter: @AlejandroFaya
Email: afayardz@gmail.com
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¿Quién de los candidatos a la presidencia tiene en sus propuestas reformas estructurales de éste tipo? Esto es algo que hay que ir viendo de aquí al 1o de julio para tomar la decisión del voto, quién propondrá esas reformas que necesitamos más allá de dogmas ideológicos que sólo nos han mantenido en el retraso.
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